Tras cerca de tres horas de debate, la Sala de la Cámara despachó el proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos en contra Carabineros, PDI y Gendarmería. El texto exige la entrega de herramientas para su protección y la presunción de legítima defensa.

Una de las primeras intervenciones corrió por cuenta del diputado Miguel Mellado (RN). El parlamentario destacó que en el trabajo en el Senado se incorporaran a las normas de protección a las Fuerzas Armadas. Valoró que en el proceso de investigación de acciones por legítima defensa, los funcionarios no sean separados de sus funciones ni se afecte su remuneración.

Desde Evopoli, intervino el diputado Francisco Undurraga. El parlamentario resaltó el acuerdo que se alcanzó durante la tramitación. A su juicio, será una norma que le dará tranquilidad a las policías en el ejercicio de sus funciones, para reestablecer el estado de derecho.

Quien también valoró las modificaciones a la norma fue la diputada UDI Marta Bravo. Respaldó que se castigue a quienes atenten contra personal de las FF.AA. que cumplan funciones de control de orden público en estados de emergencia. También destacó la importancia que en procesos de investigación no se afecte a las familias de carabineros al no suspender los sueldos de los funcionarios.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (PREP) criticó los cambios hechos al articulado. “Esto no es lo que queríamos” enfatizó. A su juicio, el Senado “devolvió una norma más general, abstracta e interpretable”. Frente a esto, su posición era que una comisión mixta resolviera esta situación.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) valoró el acuerdo construido en el Senado. Aseguró que el objetivo de esta y otras normas es enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, reconoció que “no es perfecto”. A su juicio tiene deficiencias, sobre todo con el ámbito del orden público, pero “se acerca a las señales que el Congreso debe entregar”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) destacó la importancia de ejecutar el uso legítimo de la fuerza con estándares democráticos. Desde su perspectiva, en el trámite en el Senado se estableció un piso mínimo democrático. “Un consenso sobre el cual vamos a poder avanzar juntos” agregó.

Desde el PDG, el diputado Rubén Darío Oyarzo si bien anunció su respaldo a la norma, criticó la accidentada tramitación del proyecto. Afirmó que se dejó en evidencia las improvisaciones y la despreocupación por parte del Ejecutivo.

En tanto, el diputado Roberto Arroyo (IND) lamentó cambios realizados en el Senado, sobre todo vinculados a no incluir en la presunción de legítima defensa actos vinculados a la protección de los bienes. Aseguró que la delincuencia se ataca con leyes que fortalezcan la institucionalidad.

Desde el comité del Frente Amplio, intervino el diputado Andrés Giordano. El parlamentario señaló que la solución frente a la delincuencia no pasa por construir un estado policial con un “cheque en blanco”. Aseguró que, por más difícil que sea la situación “no podemos tener policías sin controles”, como tampoco poder político sin control.

“No podemos seguir mintiendo a Chile diciendo que carabineros va a estar mejor con este tipo de legislación”. Aseguró que es necesario enfocarse en entregar herramientas y facultades investigativas a las policías.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) indicó que su partido no tiene complejo en tramitar la agenda de seguridad que el país necesita. Destacó la importancia de “valorar y respetar lo que la comunidad civilizada se ha demorado décadas en construir” como son la protección de los derechos humanos.

La parlamentaria planteó su discrepancia con el articulado sobre presunción de legítima defensa. Sin embargo, valoró el acuerdo en el Senado para excluir algunas normas ponían en peligro “valores democráticos”. Por lo anterior, la diputada expresó que su voluntad era que la norma siguiera tramitándose en una comisión mixta.

Hacia el final de la sesión, tomó la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. Comenzó su intervención señalando que en una sociedad democrática “las policías deben de ser de toda la ciudadanía; cuando son objeto de disputa, las policías se debilitan”.

La decretaria de Estado fue enfática al señalar que el apoyo las instituciones debe ir acompañado de exigencias y límites. Por esto, la evaluación del riesgo de una norma como la despachada en primera instancia de la Cámara no podía ser cualquiera, sino que debía ser sobre la base de estándares profesionales. En esa línea valoró los avances alcanzados tras las horas de negociación en el Senado e instó a dejar atrás la idea de las policías en disputa.

Tohá  anunció además la tramitación de nuevas normas dentro de la agenda de seguridad de Gobierno. Aquí destacó el proyecto que establecerá las reglas de uso de la fuerza y de cámaras para establecer gradualmente  su obligatoriedad donde haya potencial uso de la fuerza.