Al mismo tiempo que conocemos por los informes más recientes que el mundo se precipita hacia niveles de calentamiento global de al menos 2,5 °C, un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional ilustra los efectos devastadores que ya provoca la crisis climática. En vísperas de la COP27, la organización insta a todos los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a actualizar su objetivo de reducción de las emisiones para 2030 a fin de garantizar que es compatible con el de mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C. Los Estados deben comprometerse a prescindir gradualmente del uso y la producción de combustibles fósiles sin recurrir a “atajos” dañinos de eficacia no demostrada, como los mecanismos de retirada del carbón, y crear un fondo para daños y perjuicios que ofrezca reparación a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa de la crisis climática.
“La COP27 se celebrará tras un verano aterrador en el que el Ártico ardió, Europa fue asolada por olas de calor abrasadoras, y en Pakistán y Australia las inundaciones anegaron enormes extensiones de terreno. En resumen, la crisis climática ya está azotando el planeta, pese a lo cual la mayoría de los gobiernos han optado por mantener su vínculo letal con el sector de los combustibles fósiles, presentando a la desesperada objetivos insuficientes de reducción de las emisiones que luego ni siquiera cumplen”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“A medida que la crisis azota, quienes menos responsabilidad tienen en ella son quienes la están sufriendo en primer lugar y con más dureza, lo que agrava la marginación que ya sufren. En la COP27 se deben tomar medidas que cambien radicalmente el reparto de responsabilidades y aborden esta injusticia. Los gobiernos ricos deben aumentar su compromiso en materia de financiación climática para ayudar a los países de ingresos más bajos a abandonar gradualmente el uso de combustibles fósiles y ampliar las medidas de adaptación. Asimismo deben crear un fondo de pérdidas y daños para proporcionar reparaciones sin demora a las personas cuyos derechos han sido vulnerados por la crisis que ellos ayudaron a originar.”
“Cada día soy más pobre”
El nuevo documento informativo de Amnistía Internacional, Cualquier marejada podría ahogarnos: Historias de la crisis climática, incluye los casos prácticos de siete comunidades marginadas de distintos lugares del mundo, incluidos Bangladesh, Fiyi, Senegal y el Ártico ruso.
Amnistía Internacional trabajó con activistas locales para entrevistar a personas marginadas, entre ellas algunas que viven en zonas del planeta que se encuentran entre las más vulnerables al clima, y difundir sus historias y sus llamamientos a la acción. Sus relatos permiten vislumbrar la vida en primera línea de la crisis climática, que se caracteriza por la discriminación, el desplazamiento forzado, la perdida de los medios de vida, la inseguridad alimentaria y la destrucción del patrimonio cultural.
En Bangladesh, las personas entrevistadas de comunidades costeras empobrecidas y marginadas, incluida población dalit y del pueblo indígena munda, explicaron que las inundaciones frecuentes las obligaban a reconstruir sus casas una y otra vez o a vivir entre las ruinas de las casas anegadas. Las inundaciones también dañaron la infraestructura de agua y saneamiento, lo que ha dejado a las comunidades con agua para el consumo salada y aseos inutilizables.
Los pueblos indígenas de la región ártica de Yakutia viven en el extremo noreste de Rusia, donde la temperatura media ha aumentado entre 2 y 3 °C en los últimos años. Esto ha causado que el permafrost se descongele, lo que ha intensificado los incendios y provocado pérdida de biodiversidad.
Las condiciones meteorológicas impredecibles tienen repercusiones graves en la forma de vida de los pueblos indígenas, como un hombre chukcha explicó: “Las condiciones meteorológicas son esenciales para la forma de vida tradicional de los pueblos indígenas. Basándonos en patrones meteorológicos, determinamos dónde pastarán los ciervos, donde podemos establecer un campamento entre migraciones, cuando habrá tormentas de nieve, cuándo y adónde migrarán los animales, las aves y los peces”.
En Quebec, Canadá, el pueblo indígena innu de la comunidad de Pessamit se enfrenta a peligros similares. El aumento de la temperatura ha dado lugar a una reducción del hielo costero y a otros cambios meteorológicos que han tenido repercusiones graves en la forma de vida de la comunidad. Por ejemplo, el hecho de que los lagos no se hielen en invierno hace que los ancianos no puedan viajar tanto por su territorio ancestral y transmitir su conocimiento tradicional sobre sus prácticas de desplazamiento.
“Cuando dejas de poder compartir tus conocimientos es una lástima. Pierdes un poco tu dignidad”, manifestó David Toro, asesor ambiental del Consejo Tribal Mamuitun.
Los casos prácticos también revelan que la población que sufre pérdidas y daños debido a la crisis climática suele quedar abandonada a su suerte tras las catástrofes, lo que la obliga a pedir préstamos exorbitantes, migrar, recortar el gasto en alimentación o retirar a sus hijos e hijas de la escuela.
“Antes podía mandar a mi hijo a la escuela… pero ahora no me puedo dar ese lujo. Cada día soy más pobre”, explicó un pescador que vive en la zona del golfo de Fonseca, en Honduras, que periódicamente sufre inundaciones y ciclones.
“No nos escuchan”
Algunas de las personas entrevistadas compartieron información sobre las estrategias de adaptación que han desarrollado, que aportan aprendizajes importantes al resto del mundo y ponen de relieve la importancia de incluir a las comunidades más perjudicadas en la creación de estrategias para abordar la emergencia climática. Por ejemplo, la comunidad indígena de Pessamit, en Québec (Canadá), ha puesto en marcha sendos proyectos para proteger el salmón y el caribú.
“Durante los últimos diez o doce años, la caza comunitaria, e incluso la individual, del caribú ha estado prohibida”, explicó Adelard Benjamin, coordinadora de proyecto sobre Territorio y Recursos en Pessamit.
El ingenio de las comunidades más afectadas pone de relieve la importancia de incluirlas de forma genuina en los procesos de toma de decisiones relacionados con las respuestas a la emergencia. Para el pueblo pessamit el impacto del cambio climático y la degradación ambiental ha consolidado las desigualdades causadas por largas historias de colonialismo, racismo y discriminación.
Como Eric Kanapé, asesor ambiental de la comunidad pessamit, dijo: "Nos consultan por cumplir. Proponemos formas nuevas de hacer las cosas pero no nos escuchan. No nos toman en serio”.
Langue de Barbarie es una península de arena próxima a la ciudad senegalesa de Saint Louis en la que viven en torno a 80.000 personas en pueblos pesqueros densamente poblados y con un alto riesgo de inundarse. La erosión costera provoca la pérdida de entre cinco y seis metros de playa anualmente; “el mar está avanzando”, como explica un pescador.
Las personas entrevistadas en Saint Louis han desarrollado varias iniciativas propias para lidiar con la crisis climática. Por ejemplo, un proyecto dirigido por la comunidad ayuda a la población local afectada por la elevación del nivel del mar a construir casas y poner en marcha actividades de reciclaje que generen ingresos. Otras han puesto en marcha una caja solidaria comunitaria para ayudar a la gente en momentos de dificultad económica, aunque a veces se queda sin fondos porque los problemas económicos afectan a toda la comunidad.
Última oportunidad
Amnistía Internacional asistirá a la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto, entre el 5 y el 19 de noviembre. La organización pide a todos los gobiernos que garanticen urgentemente que sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 son compatibles con el de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.
Si se satisface el objetivo de 1,5 °C se mitigarían algunas de las peores consecuencias del cambio climático, pero el margen de tiempo para hacerlo se está estrechando rápidamente. Pese a que la decisión del Pacto Climático de Glasgow en la COP26 requería a todos los Estados que reforzaran sus objetivos para 2030, sólo 22 Estados han presentado compromisos actualizados en 2022. Además, la mayoría de las políticas nacionales que se están aplicando actualmente son inadecuadas para que se cumplan los compromisos de los Estados.
Los Estados ricos deben presentar un plan claro para aumentar su contribución a la financiación climática, de manera que puedan cumplir colectivamente la meta de larga data de recaudar al menos 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para ayudar a los países de ingresos más bajos a prescindir gradualmente de los combustibles fósiles y ampliar las medidas de adaptación. Además, los países ricos deben garantizar la provisión rápida de nueva financiación de apoyo y reparación a las comunidades que han sufrido pérdidas y daños graves a consecuencia de los efectos del cambio climático.
La participación de la sociedad civil en la COP27 está gravemente amenazada por la represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que las autoridades egipcias llevan años practicando y que Amnistía ha documentado. Todos los Estados asistentes a la COP27 deben presionar al gobierno egipcio para que proteja el espacio de la sociedad civil y garantice la participación de las ONG y los pueblos indígenas.
“Estamos viviendo un fenómeno natural causado por el calentamiento global y causado por nosotros mismos por no reparar el daño ecológico que hemos hecho”, manifestó un residente de Punta Ratón, en Honduras. “Ahora tenemos que cuidar de lo que queda para las generaciones venideras."
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