En una información exclusiva, Radio Valentín Letelier accedió a un informe emanado desde el Poder Judicial, que da cuenta de las condiciones en las cuales se encuentran presos y personas en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de la ciudad puerto.

Esto fue a través desde un acta correspondiente a la visita presencial de la jueza Mirtza Marisol González Vera, que realizó a la cárcel porteña durante  la primera semana de julio, después de conocerse un sumario que levantó Gendarmería por la muerte de dos personas en una semana, en un módulo destinado para personas en prisión preventiva.

Se ha constatado, según el informe, “que muchos internos manifiestan la falta de concurrencia de defensores públicos a entrevistarse al interior de la cárcel, observándose en varios casos una sensación de desamparo de los privados de libertad en relación a sus defensas”.

En este mismo ámbito se agregan otros factores: “Internas que necesitan visita psiquiátrica con urgencia donde se ordena al Hospital del Salvador a la atención de estas personas", también se acusa que en el módulo 107, de alta seguridad, donde hay reos aislados, "se les otorga apenas 1 hora de derecho a patio durante el día”. Esto constituye, dice la jueza, una grave vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos.

Agrega el informe: “Existe una sobrepoblación que escapa cualquier margen razonable, lo que significa un gran hacinamiento en cada uno de los módulos y la consiguiente precariedad en las condiciones de vida de los internos tanto en relación a la forma de habitar las celdas, implementos de abrigo,  colchones y ropa de cama en general, cantidad y calidad de la alimentación y obviamente la seguridad de los internos al interior de los recintos, quienes al interior de cada módulo o celda prácticamente quedan sin ningún control de gendarmería y solo echados a su suerte”.

El doctor en derecho penal, Silvio Cuneo, analizó el informe. “El problema de esto es que Gendarmería no está haciendo nada”, denunciando que hay módulos, “siendo controlados por bandas”. Estos factores dan por conclusión el hecho que dichas condiciones carcelarias constituyen una “violación sistemática de Derechos Humanos”.

La cárcel porteña está diseñada para 1.919 personas y en este momento hay, según el escrito, 2.443 personas. La situación es más grave en los sectores destinados a prisión preventiva como el módulo 115, donde su capacidad es para 100 personas y actualmente conviven 300, en “condiciones precarias e inhumanas” destaca con negrita el texto.

En su diagnóstico, Cuneo apuntó a un descontrol y del incumplimiento de normas internacionales, además de considerar qué debería realizarse para tratar esta situación. 

“El sistema procesal penal chileno, en teoría, asegura que todas las semanas deba apersonarse un juez o jueza y visitar los módulos. Por la pandemia estas visitas se fueron suspendiendo y se nota que la cárcel no la había visto nadie. La cárcel la están controlando bandas. Esto demuestra falta de preocupación por personas que están privadas de libertad”, concluye Cuneo.

El informe de la magistrada Mirtza González da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 567  del Código Orgánico de Tribunales. El análisis muestra las condiciones de la cárcel de Valparaíso, luego que resultaran dos personas muertas en una semana en el módulo 115, que es destinado a prisión preventiva, vale decir para personas a quienes todavía se les presume inocentes.