Se realizó una audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Felipe por la muerte de una persona baleada, hecho ocurrido en marzo de 2020, en el sector del peaje Las Vegas, donde se vieron involucrados dos carabineros.

El Juzgado dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional al cabo primero Mario Alejandro Díaz Eyzaguirre, imputado como autor del delito de homicidio en la persona de Danilo Cárdenas; y de firma mensual en Policía de Investigaciones (PDI) y arraigo nacional al capitán Rafael Humberto Ramírez Vallejos, imputado en calidad de autor de apremios ilegítimos con resultado de homicidio culposo.

Según el Ministerio Público los Ilícitos fueron perpetrados en la noche del 3 de marzo de 2020, en el sector del peaje Las Vegas, en la comuna de Llay Llay.

Cárdenas guiaba su auto contra el tránsito y en el peaje y chocó a un vehículo policial. Después de lo ocurrido los uniformados enfrentan al sujeto y le disparan, causándole la muerte. El conductor recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen, y otro en la rodilla, tras lo cual falleció cuando era atendido en el Hospital San Francisco de Llay Llay.

El fiscal del Ministerio Público, Fernando Fajardo, fiscal adjunto jefe de San Felipe, señaló algunos detalles de los hechos.

El abogado de la familia y ex gobernador de Petorca, Mario Fuentes, apuntó al hecho que ambos funcionarios están en servicio activo, él pedía prisión preventiva para Díaz y arresto domiciliario para Ramírez.

Esto no fue concedido. El Juzgado estableció arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional al cabo primero Díaz Eyzaguirre y firma mensual y arraigo nacional al capitán Ramírez Vallejos. En la audiencia de formalización, el magistrado Leopoldo Soto decretó dichas medidas cautelares por considerarlas proporcionales y adecuadas a los hechos por los cuales formalizó el Ministerio Público.

Además, el tribunal fijó el plazo de investigación en 90 días, para que se recaben los antecedentes necesarios para establecer las responsabilidad penal de los funcionarios.