Durante la mañana de este jueves se confirmó el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, profesional que fue baleada en el Barrio Meiggs durante la cobertura de las movilizaciones que se estaban realizando el pasado 1 de mayo en el contexto del día del trabajador y la trabajadora.
La profesional sufrió el impacto de una bala proveniente de personas que atacaron la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el sector de Barrio Meiggs y que actuaron con total impunidad provenidos de armas blancas y de fuego en contra de la multitud que se encontraba a esa hora en el sector.
A través de un comunicado, la ex Posta Central informó que “la paciente ingresó a nuestro establecimiento el domingo 1 de mayo en estado de extrema gravedad producto de un traumatismo encéfalo craneano por un proyectil balístico. Fue intervenida quirúrgicamente y posteriormente se mantuvo en soporte vital avanzado durante 12 días, sin mejorías neurológicas y evolucionando a una falla multiorgánica que provocó su fallecimiento”.
Recordemos que por este caso fueron detenidas tres personas, siendo una de ellas imputada por el ataque en contra de Francisca Sandoval. Se trata de Marcelo Naranjo, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva imputado por el delito de homicidio frustrado, aunque con este lamentable desenlace será reformalizado ahora por el delito de homicidio.
Agregar que durante esta semana, el Colegio de Periodistas junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentaron una querella criminal dirigida no sólo contra quienes resulten responsables, sino además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados durante esa jornada por los funcionarios policiales de esa institución.
La comisión indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”.
El organismo agregó que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.
La CChDH sostuvo que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución, quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.
Fuente: RUCH.