Parte importante del catálogo de demandas- que surgieron en el  estallido social- tuvieron protagonismo la jornada de ayer en la Convención con la aprobación de un nuevo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Desde el derecho a la reparación integral, de víctimas de violaciones a los DDHH, hasta el derecho al deporte pasaron al borrador de la nueva carta fundamental.

Sobre la memoria, se aprobó que las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.

La vivienda también pasó la prueba. La norma señala que “persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario”.  Se aprobó también el derecho humano al agua, aquí el constituyente del distrito 6, Claudio Gómez, explicó que está norma complementa gran medida de lo aprobado el lunes, sobre derechos y libre acceso a la naturaleza.

Educación y salud también avanzaron. “Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”, señala uno de los artículos. Sobre el sistema nacional de ambos derechos se marca el carácter universal, público e integrado. Dentro de las normas ingresadas por la derecha,  se marcó con fuerza el carácter público q debiesen tener tanto la educación y salud privada. Todas estas fueron rechazadas, parte de los argumentos lo escuchamos del constituyente de Evópoli, Hernán Larraín.

En materia laboral “Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así́ como el despido arbitrario”. También se ratifica el derecho a la libertad sindical. La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Un aplauso de los más largos se vivió con la aprobación del sistema de seguridad social, que otorga “protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo”. Sobre estos avances celebró el coordinador de la comisión, César Valenzuela (PS).

El sistema de protección social, asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados, donde el Estado reconoce que estos trabajos domésticos son socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.