La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe "Situación de Derechos Humanos en Chile", que analiza la institucionalidad democrática; las demandas históricas de la sociedad durante las protestas sociales, y la respuesta estatal en dicho contexto.

El informe recordó que la última visita de la CIDH de este tenor fue en 1974, al comienzo de la dictadura cívico militar. La misión se realizó en enero de 2020, en ele marco del Estallido Social, "con el objetivo de observar la situación de derechos humanos desencadenada por las protestas sociales. La CIDH pudo tomar nota de la participación de diferentes sectores y actores de la sociedad civil, vibrantes y movilizados por demandas históricas", señaló.

En sus conclusiones, la CIDH señaló que según información recibida por la CIDH, al responder a las manifestaciones en el marco del “estallido social” de 2019, "se produjeron situaciones en las cuales el personal de las fuerzas encargadas del orden actuó de manera desproporcionada".

"Dicha actuación resultó en un alto número de violaciones a derechos humanos. Entre esas se destacan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad de las personas manifestantes, así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social y a las personas manifestantes", agrega.

"La CIDH condena estos hechos de manera enérgica y llama al Estado a seguir adoptando medidas inmediatas, por medio de cambios en la cultura institucional, para evitar la repetición de estos hechos. De igual manera, urge a Chile a garantizar el derecho a la reparación integral de forma efectiva y oportuna a las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos, así como a sus familiares", declara.

"En adición, la Comisión resalta que el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido no se limita a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Sobre eso, la Corte ha sostenido que en una sociedad democrática dicho derecho es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos . Eso envía un fuerte mensaje de que dichas conductas violatorias no serán toleradas", señala.

Puede ver el informe aquí.