La conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrada el pasado 25 de noviembre, no se detuvo en las manifestaciones convocadas por diversas organizaciones, sino que fue también reforzadas por convencionales feministas que presentaron una iniciativa de norma constitucional por el derecho a vivir una vida libre de violencia de género, pensando en las mujeres, niñas y disidencias sexuales.

El documento, que fue firmado por 16 mujeres constituyentes, apoyada por 56 convencionales y respaldada por 226 organizaciones de la sociedad civil, expone en siete páginas que “El Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.

Son especialmente enfáticas en que es un deber del Estado el “prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”. Para ello, incorporan una perspectiva interseccional, sosteniendo que para garantizar esta seguridad, además del género, debe considerarse la “edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia personal, condición de salud, de migración, de refugiada, de ruralidad, situación de discapacidad o cualquier otra condición”.

La convencional del distrito 6, que pertenece a la Región de Valparaíso, Janis Meneses, fue parte de las firmantes del proyecto y resaltó el rol de las organizaciones feministas en la elaboración de la propuesta”.

Asimismo, la convencional por el distrito 9, que pertenece a la Región Metropolitana de Santiago, Bárbara Sepúlveda expuso que con esta norma, se busca “un Estado que prevenga, acompañe a las sobrevivientes de violencia, que integre medidas de protección eficientes, que juzgue a los agresores, y genere mecanismos que reparen el daño provocado”.

En esa línea, el texto señala que el Estado debe “asegurar el presupuesto suficiente para la garantía y respeto de este derecho, y a todos los órganos del mismo, en el ámbito de sus competencias, generar políticas intersectoriales de promoción, prevención, capacitación y  formación en enfoque de género y derechos humanos”.