La educación es un derecho para la persona y es un deber para el Estado, pero cuando es parte de la actividad de formación social llega a ser una tarea titánica.
Esta es la impresión que queda luego de recoger los testimonios de trabajadoras de jardines infantiles del sector de La Copa, en la parte alta de Playa Ancha, Valparaíso. Cada cierto tiempo, esta zona es de preocupación en la agenda informativa nacional, porque se producen balaceras en las cuales se demuestra la vulnerabilidad de la población ante grupos armados.
Este último fin de semana, al parecer por un ajuste de cuentas, una mujer y su hija de 9 años fueron objeto de una balacera, algo muy crudo, pero que no es nuevo en el sector. Ya en el 2018 se había propuesto la idea de blindar establecimientos, debido a hechos de este tipo. A fines del 2020 se visibilizó otro hecho similar y a fines de septiembre 2021, dos más calaron honda preocupación en la comunidad.
Y ante dicha violencia, los cuerpos quedan expusatos ante el plomo, como lo testimonia Melissa Retamal, asistente de párvulos del Jardín Tortuguitas, "lo único que hacemos es tirarnos al piso con los niños, no tenemos protocolos al respecto y las salas no tienen la capacidad de protegernos".
Ante la pregunta de cómo resolver este tipo de situaciones apunta a "la falta de más resguardo policial, es la institución la que debe hacerse cargo, porque los conflictos territoriales no pasan por nosotras".
Alejandra Parga, es educadora de párvulos del Jardín Pequeños Pasos. Ella considera que su trabajo es una resposabilidad en la que ni el propio Estado asume en pleno. "Una va a trabajar por una convicción social, pero todo queda en manos de la funcionaria, cuando no tenemos las condiciones", dice.
Ella recuerda que el jardín quedó cerrado por una balacera anterior y que el reciente hecho ocurrido el último fin de semana demuestra el riesgo al cual están expuestas. "Lo que hay que hacer es fortalecer los centros educativos, porque son una red de protección, pero ¡háganse cargo de la educación inicial!", interpela a las autoridades.
El ambos casos se ha criticado la inexistencia de protocolos sistemáticos acerca de las condiciones de seguridad o qué acciones tomar en una situación de riesgo que amenace a uno de estos establecimientos.
Para Pamela Vega, quien es técnico en párvulos en Pequeños Pasos, ve que la solución para la violencia en dichos barrios pasa por procesos de educación, pero se necesita la mínima preocupación por quienes van a entregarla, "la solución es sociabilizando con la comunidad y creando conciencia con nuestros vecinos, pero se necesita un resguardo de las autoridades", dijo.
Una visión parecida, pero además preocupada por la propia comunidad, tiene Yocelyn González, educadora de párvulos de Tortuguitas, "queremos seguridad, para nosotras como funcionarias y para los niños que asisten a los jardines. No podemos normalizar este tipo de situaciones, me preocupa que se estigmaticen los sectores, de hecho esto no es nuevo, pero ahora es extremadamente riesgoso", señala.
Agrega que igualmente no debe abandonarse la tarea docente y formadora, "hay mucha gente buena y trabajadora en Montedónico, la educación es la base y hay que hacer mucho trabajo social, no tenemos que bajar los brazos".
Son los testimonios de mujeres que trabajan en educación. Ellas se esfuerzan en los jardines infantiles y viven esto como algo cotidiano. Su profesión es una verdadera lucha para impedir que se normalice la violencia, motivadas por el proceso de alimentar y cultivar el ser interior de las pequeñas personas que tienen a formación y sobre todo, a su cuidado.
Foto: Referencial.