En medio de una megasequía, problemas de escasez hídrica y un cuestionado modelo de gestión del agua, 5 candidaturas presidenciales debatieron acerca de las posibilidades de implementar soluciones para el país.

Esta temática ha marcado parte del debate constitucional, pero también se ha considerado como algo fundamental en la campaña de cara a noviembre. Medios internacionales han señalado su importancia para las elecciones en Chile. Este jueves 5 postulantes protagonizaron un nuevo debate televisivo.

Las candidaturas presentes fueron: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) y Franco Parisi (Partido de la Gente). El espacio no contó con la presencia de Eduardo Artés (Unión Patriótica) ni José Antonio Kast (Partido Republicano), que se excusaron por incompatibilidad en su agenda.

"La prioridad de nuestro Gobierno va a ser asegurar el agua para las personas y los ecosistemas. No vamos a mantener el actual sistema de otorgamiento de propiedad sobre los derechos de agua", dijo Boric, quien va primero en las encuestas.

Provoste, por su parte, afirmó que "la primera prioridad es entregar soluciones de agua potable y saneamiento rural. En el acceso al agua, nuestro principal foco son las personas. La propuesta de la Convención Constitucional, que se plebiscitará en un poco tiempo más, se va a referir al agua, al menos, como un derecho humano y probablemente como un bien nacional de uso público, un recurso natural que tiene que ser objeto de una protección adecuada de todos", sostuvo la democratacristiana.

El candidato oficialista y ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, defendió la necesidad de "avanzar en el proyecto que crea la subsecretaría del agua, pero además avanzar en la creación de una agencia independiente que administre el agua. No hay instituciones poderosas para generar políticas públicas. Más facultades que se integren al Código de Aguas, para que la autoridad limite, regule, este derecho en la medida que se priorice el consumo humano", dijo.

A su turno, Enríquez-Ominami propuso "una expropiación cuando se demuestre que hay derechos de agua que no se están utilizando. Con el agua no se juega. Hay muchas medidas concretas que hacer en materia de contención y recuperación del agua".