Para este lunes 4 de octubre está fijado el juicio oral contra Víctor Pulgar, imputado como el responsable del crimen contra Nicole Saavedra, joven que fue secuestrada, torturada y asesinada en Quillota en 2016. Esto significa que por primera vez se enfrentará a Pulgar con las pruebas, que tanto la parte querellante como la Fiscalía han reunido para este juicio, y que pretenden acreditar que es posible exigir que se le condene a la pena máxima, es decir, presidio perpetuo calificado, así como el reconocimiento por parte del Estado de que este fue un crimen de odio.

Así lo expuso Silvana del Valle, abogada de la madre de la víctima, quien señaló que esta calificación no existe en la legislación chilena, pero sí está presente en tratados internacionales a los que ha suscrito nuestro país, lo que debiese sentar un precedente relevante para perseguir la existencia de la nomenclatura del crimen “violación con femicidio” y “lesbofemicidio”.

Considerando lo anterior, esperan que el Tribunal pueda aplicar el agravante de la Ley Zamudio, para que se “determine que crímenes como este no pueden ser indiferentes para la sociedad ni para el Estado”, ya que se trata de “toda una cultura que permite que a mujeres como Nicole se las discrimine, odie y que su vida tenga un valor menor al del resto de las personas”.

Además de la sanción que esperan que pueda recaer sobre Pulgar, Del Valle señala que es necesario avanzar en medidas de reparación a la familia de Nicole Saavedra, por “no buscarla desde el primer momento ni realizar acciones necesarias para identificar a sus asesinos”.

Considerando que Nicole Saavedra se encontraba el 18 de junio de 2016 en una celebración junto a amigos y conocidos y que, concluida la jornada, habría sido interceptada por este sujeto y atacada para perpetuar el crimen, es que la abogada afirma que es necesario seguir avanzando en luchas que aporten en la erradicación de la violencia contra las mujeres lesbianas.

El juicio se realizará de manera híbrida en el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, lo que significa que se realizarán alegatos y otras actuaciones procesales mediante Zoom, mientras que otras actividades serán de manera presencial en el Tribunal.