La semana pasada, el 2° Tribunal Ambiental declaró admisible la reclamación de los detractores del proyecto inmobiliario San Isidrio, que contempla la construcción de un edificio en la avenida Urmeneta de la comuna de Limache, sitio que pertenece al caso histórico de la ciudad.

Con este triunfo, se espera que el tribunal retrotraiga la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente, organismo que recibió la denuncia de este grupo de vecinos y organizaciones para obligar a la constructora a realizar un Estudio de Impacto Ambiental junto a su respectiva consulta ciudadana. Por lo tanto, podría obligar a la SMA perseguir este objetivo según lo mandatado en la Constitución en su artículo n° 19. Así lo indicó uno de los abogados de la causa, Juan Molina.

Molina criticó el argumento de la SMA para no asegurar la realización de estos procesos, basado en un artículo transitorio del reglamento del servicio, el cual trabaja en bajo a una suposición para negarse a la elaboración de estudios de impacto ambiental.

Bajo este argumento, el abogado destacó el rol de los Planes Reguladores de las ciudades para normar estas construcciones, discusión que ha avanzado en el Concejo Municipal de Limache, pero afirmó que sigue siendo igual de importante el pronunciamiento del Tribunal Ambiental en esta temática, y que “siente jurisprudencia respecto a qué se entiende por zonas bajo protección del Estado”.

Molina aseguró que, lo más probable, es que la causa llegue a la Corte Suprema, debido a la situación mayoritaria en los municipios del país donde la desactualización de sus instrumentos de planificación urbana permite darle luz verde a estos proyectos, sin una evaluación ambiental obligatoria.

Cabe destacar que la obra está paralizada por el momento luego de que se solicitara la nulidad del permiso de la obra, debido a antecedentes que demostraron que se habría entregado de mala fe. Ahora, con la admisibilidad declarada por el tribunal, el SMA tendrá diez días para tomar razón de aquello, a la espera de una fecha en que ambas partes presenten sus alegatos y se entregue una sentencia respecto al futuro certero de este proyecto inmobiliario.