Cuando se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví, habitantes y organizaciones socioambientales de ambas comunas volvieron a marchar, para visibilizar los pocos avances en materia de prevención y cuidado integral para los residentes de este sector del litoral, ya que aún se registran constantes varamientos de carbón y episodios de alta contaminación atmosférica.
Los gritos y lienzos no tan sólo dieron cuenta de estos continuos varamientos, peaks de contaminación del aire y los derrames de hidrocarburos que siguen sucediendo, sino que además, sacaron a relucir las intenciones del Estado que pretende reactivar una termoeléctrica recién cerrada e instalar una planta desaladora de agua junto al mar, bajo el pretexto de la sequía que afecta al país.
A la manifestación también se unieron organizaciones comunitarias, no gubernamentales y concejales de los municipios de Quintero y Puchuncaví.
María Araya, Presidenta del Consejo Consultivo de Salud del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, reafirmó la necesidad de generar una manifestación para ejercer presión al Estado a que se compense a las comunidades por el daño causado y esclarecer a quienes fueron responsables de este hecho.
También asistió la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, quienes fueron enfáticas en afirmar que en las decisiones que se han tomado respecto a este tema “prima la plata, priman ciertos sectores, mientras que nosotros no”. Así lo manifestó una de sus integrantes, Carmen Ortega.
Otro de los motivos puntuales por los que marcharon los vecinos y vecinas de Quintero y Puchuncaví tiene que ver con la iniciativa de AES Gener, que planea reconvertir algunas de sus plantas termoeléctricas en plantas desalinizadoras, iniciativa que hace unos días sufrió un revés en la Corte Suprema, obligándolos a realizar un Estudio de Impacto Ambiental para su implementación.
Fue gracias a un recurso de protección interpuesto por la comunidad que se pronunció este fallo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental y el Delegado Presidencial Regional, Jorge Martínez, luego de que la empresa presentara una Declaración de Impacto Ambiental sin incluir un nuevo estudio de este proyecto, obviando que sería el mismo de la actual termoeléctrica.
En ese sentido es que Hugo Poblete, miembro del Sindicato de Pescadores S-24, señaló que han podido observar drásticos cambios en la fauna marina con los diversos episodios de contaminación ocurridos en el cordón industrial, y advirtió que peligraría aún más si se instala una planta desaladora en la comuna como planea AES Gener.
Considerando lo anterior es que el concejal Mario González, afirmó que “no puede ser” que se sigan movilizando proyectos liderados por las empresas que se ubican en el sector industrial, por lo que son necesarios “cambios radicales”.
También fue la concejala Tamara Tello, quien condenó que “aquí nunca nada se sabe, aquí pareciera que todo es atemporal”, y que “es una vergüenza que a costa de nuestra salud tengamos que pagar las consecuencias de un Gobierno que no sabe poner punto final a esta situación tan lamentable”.
Tello indicó que ya se entregaron oficios de fiscalización en las secretarías ministeriales regionales pertinentes, para solicitar información sobre la posible reconversión de la termoeléctrica a una planta desaladora, así como una posible reapertura de Ventanas 1 que fue solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).