La Contraloría General de la República emitió un dictamen acerca del denominado "Caso Enjoy", en el cual descartó que el Presidente Sebastián Piñera, estuviese involucrado en un colflicto de inetrés debido a las concesiones de la firma operadora de casinos y su fideicomiso ciego.

En marzo, el entre contralor ofició a la Comisión de Mercado Financiero, BTG Pactual, Moneda Asset y Altis, solicitando antecedentes sobre los fideicomisos ciegos que tiene Piñera. El objetivo era investigar desde lo señalado en la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención del los Conflictos de Intereses.

Este caso data de una investigación realizda por la periodista Alejandra Matus, apuntando a que Enjoy, firma con una fuerte deuda y que ha debido reorganizarse financieramente, se vio beneficiada por el Decreto 77, que data de fines de enero de 2021 y que fue firmado por Piñera.

El documento estableció una prórroga de plazos para que la compañía Enjoy diera inicio a operaciones de 4 casinos que se adjudicó el 2018, pero no ha cumplido la contraprestación de obras establecidas como parte de las ofertas. Sin el decreto, Enjoy pudo perder las concesiones y eso significaba responder económicamente por aquello, vía boletas de garantía.

Matus señaló que BTG Pactual respalda las boletas de garantía de Enjoy y además tiene una participación de cerca del 7 por ciento en su propiedad, mientas tanto, Moneda Asset controla parte de la deuda de la empresa en dólares. La periodista apuntó a que ambas firmas son el nexo entre la operadora de casinos y el mandatario.

En el dictamen, la Contraloría sentenció: “no existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de intereses con ocasión de la dictamino del referido decreto Nº 77 de 2021, por lo que no se advierte una infracción al principio de probidad administrativa de parte del presidente de la República”.

“Cabe señalar que en la medida que el presidente de la República no haya tenido conocimiento efectivo de los instrumentos específicos en que se ha materializado la inversión de los activos que componen el respectivo mandato de administración, no resultaba exigible a esa autoridad abstenerse de ejercer las atribuciones propias de su cargo, sin que conste de los antecedentes acompañados una situación adversa”, indicó el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez.

Del mismo modo, concluyen: “finalmente, a la luz de lo expuesto y en consideración del requerimiento que efectuó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la materia, esta Controlaría General iniciará una auditoría en la Superintendencia de Casinos de Juegos”.

El presidente de dicha comisión, el diputado PPD Rodrigo González, argumentó que, cuando se adjudicaron las 4 concesiones a Enjoy el 2018, "Se actuó sobre la base de ofertas temerarias", agregando que conocida la situación financiera de Enjoy, la superintendencia del ramo debió haber investigado.