Hace unos días la Corte Suprema rechazó la apelación de la comunidad de Puchuncaví- Maitencillo por el recurso de protección interpuesto contra la concesionaria CANOPSA y distintas autoridades por la construcción de la carretera F20, ratificando así la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tribunal que en primera instancia dio revés a la acción judicial.
Recordemos que el recurso de protección era contra CANOPSA, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuyo objetivo era obligar al MOP y a la concesionaria a ingresar este proyecto al SEA con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que se detuviera la ampliación de la ruta F20 y la construcción de dos nuevas variantes: Puchuncaví-Maitencillo y Maitencillo-Ventanas.
Flavio Angelini, vocero de “No a la Autopista F20”, aseguró que siguen creyendo que este proyecto “tiene fuertes impactos ambientales y sociales”, por lo que insistirán en vías para que “la comunidad lo conozca en profundidad, participe, lo mejore y se logren acuerdos”.
Cabe destacar, que la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sin expresar fundamentos. De esta forma, hizo suyos los razonamientos y decisiones del tribunal de alzada, ratificando que ahora será tarea de los Tribunales Ambientales recibir las reclamaciones por la causa, que fueron ingresados en el recurso de protección, como la tala de bosques de especies protegidas que han sido declaradas monumento natural.
Si bien insistir en Tribunales Ambientales es una vía, el abogado del caso, Miguel Aylwin, indicó que también es posible recurrir a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), especialmente luego de que el SEA aceptara la declaración de CANOPSA en que afirmaba que el proyecto no dañaba especies nativas de flora, mintiendo a la autoridad e incurriendo en faltas con posibles castigos penales.
A pesar de esta determinación por parte de los tribunales, la comunidad seguirá visibilizando la problemática e insistiendo en la urgencia de contar con espacios de participación ciudadana que permitan modificar el proyecto de manera que no interfiera ni dañe el ecosistema en que se emplaza, persiguiendo, con ello, acciones de reparación por el daño ambiental que ya fue producido.