Transcurridos ya seis meses desde que el Servicio Local de Educación comenzó su gestión en Valparaíso, cuatro organizaciones que agrupan a trabajadores de la educación criticaron múltiples decisiones y expresaron que “deja harto que desear”.

En la declaración pública, sostienen que “hemos podido evidenciar situaciones preocupantes que podemos ubicar en el marco de un escenario estructural, pero también en el marco de la gestión administrativa que tiene responsabilidades humanas”.

En ese sentido, ejemplifican con “Escuelas con problemas de infraestructura tan graves que afortunadamente no hemos tenido que lamentar aún una tragedia por derrumbes. También es conocida la situación de itinerancia de proyectos educativos históricos que han debido mudar de edificios”, y “el precario estado financiero a solo meses del traspaso, donde se proyectan más de $5.000.000.000 de déficit para el funcionamiento de la Educación Pública en Valparaíso y Juan Fernández”. Así lo explicó el presidente del comunal Valparaíso del Colegio de Profesores, Andrés Arce.

Es por lo anterior que afirman que “el Estado no está respaldando el proyecto de trasformación administrativa de la Educación Pública que impulsó. Por el contrario, en esta marcha blanca solo ha minado su implementación a través de la reducción de su presupuesto”.

Además de todos estos escenarios, puntualizan que también hay errores en la administración local, indicando que existen “problemas salariales reiterativos donde se paga cada mes de distinta manera a cientos de trabajadoras y trabajadores con errores permanentes que no se resuelven oportunamente”, así como la existencia de una “una lógica de desvinculación y lejanía en el trato entre SLEP y quienes nos desempeñamos como funcionarias y funcionarios, síntoma de una tecnocracia que nos ve como cifras en los indicadores de logros”, así como “falta de cobertura de las licencias médicas de trabajadoras y trabajadores para acompañar a estudiantes en un contexto de mayor exigencia que nunca, generando mayores niveles de estrés e incluso abandono de estudiantes”; según lo recalcó también Arce.

Para finalizar, las organizaciones también criticaron la decisión de facilitar las clases presenciales mientras dure la crisis sanitaria, argumentando que en este periodo solo el 5% ha asistido de esta manera a sus clases.

La declaración concluye haciendo un llamado a “nuestro nuevo empleador a mejorar en sus prácticas hacia quienes nos desempeñamos con convicción y compromiso por la Educación Pública, pues estamos convencidas y convencidos de que con participación y diálogo podemos lograr objetivos comunes que resulten en el bienestar de nuestras comunidades educativas”.