En el marco de la declaración emitida por la Convención Constitucional en que aborda “la prisión política en Chile” y “la militarización del Wallmapu”, convencionales de la región de Valparaíso se refirieron a su voto y a las expectativas que les genera este pronunciamiento por parte del órgano.

Tania Madriaga, representante de la Lista del Pueblo del distrito 7, manifestó que habría preferido que se acordara sacar adelante otra declaración redactada por su lista y parte de los constituyentes de Pueblos Originarios que, a su juicio, era “más contundente”. De todas formas, aplaudió la acción.

Por otro lado, el convencional de Vamos por Chile Raúl Celis, insistió en que este tipo de cuestiones tienen sentido en la medida en que se emplaza como una “solicitud” por parte de la CC, pero bajo ningún escenario como un emplazamiento o exigencia, ya que eso “escapa de las atribuciones de la Convención Constitucional”.

En el texto final se señala que es vital que la CC reconozca la necesidad de perseguir “la verdad, justicia y reparación para todas y todos quienes han sido parte de este proceso histórico”, aludiendo a las personas que perdieron sus vidas durante el Estallido Social, especificando en “violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar”.

En ese sentido, sostienen que “a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas”.

Es por esta razón que el órgano “sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo”.

En esta línea, demandan seis puntos, como la aceleración de la tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General y Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, así como la inclusión de la indicación sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio número 169, entre otros.