Luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara el recurso de protección interpuesto por habitantes de Maitencillo y Puchuncaví para detener la ampliación de la ruta F20, los residentes anunciaron que elevarán esta acción legal a la Corte Suprema.

La megaobra, a cargo de la concesionaria CANOPSA, ya cuenta con un 30% de avance. Desde los inicios de su construcción, ha sido objetivo de reiteradas críticas por parte de los habitantes de la zona, debido al impacto medio ambiental que genera en el sector y las expropiaciones que han sufrido múltiples residentes de sus terrenos para dar paso a esta ampliación. Es por esta razón que los afectados interpusieron este recurso ante la empresa, pero también contra diversas instituciones públicas, como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio De Medio Ambiente (MMA), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin embargo, fue rechazado por el tribunal de alzada, lo que llevó a los vecinos a insistir con esta maniobra para revertir el fallo en la Corte Suprema.

En concreto, el objetivo de la acción jurídica era la realización de un Estudio de Impacto Ambiental al SEA, mientras cesan las obras debido al daño en la biodiversidad que está causando la ampliación de esta ruta en árboles nativos como el Belloto del Norte y que, además, afectaría a vecinos de distintos condominios de Maitencillo. Así lo explicó Flavio Angelini, vocero de la agrupación “No a la Ruta F20”.

Los vecinos y abogados recurrentes apuntaban a una vulneración del derecho constitucional de los habitantes de la zona de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, desde la polución de material y contaminación acústica a los que se ven expuestos desde el inicio de la obra, hasta la tala de árboles nativos y destrucción del hábitat. Para sustentar esto, presentaron un informe que señalaba el daño arqueológico que la variante Ventanas de la ruta provocaría en el yacimiento Los Maitenes, uno de los cinco geositios de Puchuncaví, que cuenta con 35 puntos afloramiento de fósiles. El impacto de la ampliación de la ruta F20 en este lugar sería irreversible, por lo que fue considerado por los habitantes del sector como un punto considerable en la defensa.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso sentenció en su fallo que “en la persecución y sanción de las infracciones a tales garantías, nuestro ordenamiento jurídico contempla la existencia de organismos técnicos, especializados en materia medio ambiental (...) En lo que resulta atingente al presente caso, es dable mencionar que la Ley 20.600, establece la organización, funcionamiento, atribuciones y procedimientos que corresponde a los Tribunales Ambientales”, derivando la causa.

Asimismo, indicó en el documento de 22 páginas que “por las razones expuestas, no resultando idónea la presente acción constitucional para alcanzar el objetivo perseguido por los actores, por tratarse éste de un procedimiento breve y urgente, y no habiendo antecedentes que permitan establecer la existencia de derechos indubitados y de las ilegalidades denunciadas por los recurrentes, se procederá al rechazo de la misma”.

En este sentido, uno de los abogados de la causa, Miguel Aylwin, criticó el argumento y aseguró que el tribunal de alza ignoró en su relato el derecho de los habitantes a defender su territorio y de amparar el derecho constitucional que persiguen los afectados.

Cabe destacar que la ampliación de la ruta F20 abarcaría desde Nogales, Puchuncaví, Ventanas hasta Maitencillo, pero su trazado definitivo sigue siendo un misterio para los habitantes, luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, confirmara que aún no lo conocen completamente.