Académicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, analizaron la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomienda al Estado de Chile que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en que aplicó la media prescripción a 50 condenados por violaciones de derechos humanos.

Según la información difundida por CIPER, el caso tomó 13 años de revisión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió recomendar al Estado chileno que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en las que aplicó la norma de la “media prescripción” a 50 agentes responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Al aplicar esta norma, se rebajaron las penas a algunos de los condenados, al punto de permitirles, en ciertos casos, permanecer en libertad.

Por su parte, la abogada penalista Fabiola Girao, doctora en derecho, abogada de la Universidad Federal del Amazonas y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, especialista en materias de Derechos Humanos, celebró la recomendación, ya que considera que hay un error de base en la aplicación de las medias prescripciones y que esto configuraría falta de justicia en los casos.

La Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y experta en derecho internacional público, Karina Uribe, hizo hincapié en que esta resolución proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto recomienda, es decir, no es un elemento vinculante al Estado parte por la vía de una causa judicial específica.

Ella considera que hay que esperar de qué manera va a reaccionar el Estado de Chile, ya que, si no se acogen las recomendaciones, eso sí podría ser motivo de la apertura de una causa judicial de la Corte Interamericana.

Como antecedente, está el fallo judicial correspondiente al Caso Almonacid, que obligó al Estado de Chile a dejar de aplicar la Ley de Amnistía, para los crímenes de Estado cometidos en la primera parte de la dictadura militar. Si bien hubo ideas de proyectos de ley para derogarla o reinterpretarla, eso nunca se concretó, solamente se dejó de aplicar por parte del Poder Judicial.

Los denunciantes que presentaron el caso al organismo internacional sostienen que deberán dictarse nuevas sentencias acordes a la gravedad de los delitos y a los tratados que ha firmado nuestro país.

“Además, la Comisión resolvió que el Estado no podrá oponer la garantía de non bis in ídem, cosa juzgada o prescripción, para dejar de cumplir esta recomendación”, dijo la abogada Karina Fernández, quien recibió en mayo la confirmación y contenido del dictamen de la CIDH, cuyo texto las partes deben mantener en secreto, aunque pueden comentarlo.