En 13 páginas la oposición resumió las distintas propuestas que se incluyen en su Agenda de Mínimos Comunes, documento entregado al Gobierno en el marco de las negociaciones que el Congreso y el Ejecutivo mantienen hace varios días. En su primer párrafo, indica que “Fue construida en conjunto con diversos actores sociales, gremios, centros de estudio, especialistas y académicos, en un proceso participativo, abierto y transparente”.

Como ya se ha adelantado en varias ocasiones, en este documento se incluyen una Renta Básica Universal para las familias del Registro Social de Hogares, que supere la línea de la pobreza, y que sea de $229.061 para un hogar unipersonal, llegando hasta $604.495 en un hogar con cuatro miembros.

En este punto, la oposición sostiene que “debe llegar a todos los hogares y personas que necesiten de este apoyo estatal durante la pandemia”, por lo que contempla a las 6,7 millones de familias que componen el RSH. En ese sentido, mencionan que “se deben considerar mecanismos complementarios que permitan la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH, con apoyo de registros administrativos que sirven para tal efecto y con la cooperación de los municipios y organizaciones territoriales”.

Sobre el monto exigido, explican que “el criterio fundamental que hemos definido es la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de suficiencia y dignidad y que ello permita hacer frente a las restricciones de movilidad”, y que se entregue a los beneficiarios durante junio, julio, agosto y septiembre de 2021, plazo que “deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen”.

En esta propuesta también abordan múltiples medidas de apoyo y sustento a las pymes como la suspensión de pagos, entrega de subsidios directos, líneas de crédito de largo plazo garantizados al 90% (sin deducible), discriminación positiva hacia las MiPymes para posicionarlas en el ámbito de compras públicas, modificaciones al subsidio de empleo SENCE “para que tenga real impacto en las pequeñas empresas”, y protocolos sanitarios sectoriales para facilitar su apertura.

En cuanto a las medidas sanitarias demandadas, la propuesta incluye “gratuidad examen PCR independiente que la persona esté o no en su red (atendida su naturaleza de bien público). En la actualidad su precio es de: $25.000”, así como fortalecimiento y entrega de recursos a la atención primaria y mejorar la estrategia TTA, también “Pago inmediato de todos aquellos subsidios que están pendientes en Isapres, Fonasa, Compin y/o SUSESO, aun cuando estén con recursos administrativos pendientes”, rapidez en saldar deuda de lista de espera y regulación de precios en hospitalizaciones generadas por covid.

En este punto, aplauden “la labor de las y los funcionarias y funcionarios de la salud, la que ha sido y seguirá siendo indispensable para superar la pandemia”, razón por la cual “reiteramos la necesidad urgente que tengan mejores y más dignas condiciones de trabajo”, a través de “una justa compensación por la tremenda sobrecarga laboral que han asumido desde hace más de un año. Asimismo, el gobierno debe concretar a la brevedad, su promesa de que percibirán en un 100%, las asignaciones y bonificaciones de funcionarios mientras dure la alerta sanitaria”.

En cuanto a salud mental, indican que “se requiere crear urgente un programa especial que considere una red de apoyo integrada por psicólogos y equipos de profesionales relacionados”, mientras que en salud alimentaria demandan “ampliar las coberturas y calidad de las colaciones y menús de los niños y adolescentes e implementar medidas que vayan en ayuda de adultos mayores que puedan encontrarse en esta situación”.

Finalmente, señalan que “las consecuencias de este mayor esfuerzo fiscal requerirán de fuentes de financiamiento permanentes que permitan recuperar los equilibrios fiscales y reactivar la economía una vez la crisis sanitaria sea superada”, mencionando una “mayor recaudación adicional fiscal proveniente de las mejores proyecciones del mayor precio del cobre tanto de la minería privada, como de Codelco”, entre algunas de las propuestas.

También sostienen que habrá un “mayor endeudamiento, en base al espacio existente de acuerdo a proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda. Uso de Activos del Tesoro Público, como el FEES, cuyo propósito es justamente responde a la estabilización de políticas económicas y sociales”.

Ante este escenario, afirman que será necesario una “reasignación de recursos mediante la gestión temporal del financiamiento a Fondos de las FFAA, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia”.