Múltiples han sido las críticas enunciadas por habitantes del sector de Maitencillo, así como por integrantes de la organización “No a la Ruta F20”, que se oponen a la ampliación de la carretera F20 por los fuertes impactos medio ambientales que significará, la expropiación de terrenos a la que se ven obligados los residentes colindantes al proyecto, y la falta de un proceso de participación ciudadana.
La disconformidad de los habitantes aumentó cuando, a solicitud de la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, visitó el sector Los Maitenes y participó en una entrevista por redes sociales con la autoridad comunal, instancia en la que reconoció que la construcción de la carretera “no se está haciendo cargo correctamente”, refiriéndose al impacto medioambiental, y que “aún no se da a conocer completamente cuál es su trazado”.
Estas declaraciones indignaron a la ciudadanía movilizada, quienes afirmaron que a pesar de que no existan estas claridades, denuncian que la construcción de la obra ya partió y, con ello, talas de árboles en los primeros kilómetros del trabajo, incluyendo en ellos especies de árboles protegidos por ley.
Las expropiaciones para avanzar con la construcción de una carretera cuyo rumbo es desconocido, preocupa a los habitantes de Maitencillo profundamente. Flavio Angelini, vocero de la organización “No a la Ruta F20”, afirmó que varios ya han sido notificados de aquello, por lo que critica la inconsistencia en las gestiones por parte del MOP, por perjudicar la flora del sector, así como por interrumpir vida de las personas.
Angelini cuestiona las reales intenciones detrás de la autoridad al impulsar este proyecto, y acusa que si la comunidad fuese escuchada se realizarían alcances que no están considerados en el impacto de este proyecto.
El vocero relató que hay más expropiaciones en marcha, además de pasar a pocos metros de propiedades no consolidadas. Entre aquellos perjudicados por estas acciones existen además comuneros y pequeños agricultores, cuyos terrenos donde se ubican sus principales sustentos económicos corren el mismo riesgo.
Desde la organización han afirmado que no están en contra de la ampliación de la ruta, pero sí manifestaron su molestia ya que ha traído consigo más daños que beneficios para la comunidad. En este sentido, apuntan tanto al MOP como a la consecionaria Canopsa de evitar las instancias necesarias para buscar acuerdos, pero por el momento consideran urgente que el proyecto se detenga, razón por la cual presentaron a fines de marzo un recurso de protección.
Cabe recordar que en esta conversación que el subsecretario Leturia mantuvo con la alcaldesa de Puchuncaví, afirmó que “los trazados, hasta que no se termina la construcción de una carretera, son parte de un diseño, son la parte plástica del diseño. Es decir, que en la medida que tienen que avanzar hasta llegar a hacerlo definitivo y por supuesto, esto va a ser en su momento adecuado, estamos en un proyecto inicial, va a ser conocido por la comunidad y por el Concejo Municipal”. Sin embargo, ninguno de esos antecedentes se ha entregado, por lo que los vecinos insisten en que el Ministerio de Obras Públicas paralice las obras y las ingrese voluntariamente al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), ya que no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para la nueva autopista.