Por segunda vez la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y el Fondo Alquimia lideraron un estudio que evidenció los déficits que ha dejado la pandemia en el acceso al aborto legal en 3 causales, así como a la salud sexual y reproductiva (SSR) en general, pero enmarcado en la pandemia del Covid-19.

Este monitoreo se realizó con ayuda de múltiples organizaciones: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos. 

Si bien el primer estudio, realizado en 2019, dejó a la vista la ausencia de información sobre la ley a las mujeres y la comunidad en general, también demostró una preocupante falta de información y capacitación del propio personal de salud; la objeción de conciencia como un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y, finalmente, la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley.

En esta ocasión y a propósito de la llegada del SarS-Cov-2 al país, se realizó un seguimiento de la atención de salud sexual y reproductiva, con un énfasis importante en el acceso al aborto estipulado en la Ley n° 21.030, constatando el desconocimiento, caos y confusiones que generó la aplicación de la ley durante los primeros meses de crisis sanitaria, con poca información y directrices para usuarias y personal de salud.

En el monitoreo se manifestó la preocupación por la falta de información sobre el aborto legal, enmarcado en el aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia. En las entrevistas, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud. 

Así lo manifestó Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, quien explicó que la falta de información a pacientes, capacitación a trabajadores de la salud y la objeción de conciencia han sido barreras contundentes a la hora de acogerse a la Ley de Aborto en 3 Causales.

En este caso en particular, el informe señala que la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión. 

En el informe se leen testimonios de algunas profesionales de salud que identificaron la falta de colaboración entre los profesionales como un problema, ya que, al acogerse algunos de ellos a la objeción de conciencia, se configuraban equipos de salud que no estaban dispuestos a trabajar juntos por tener posiciones distintas frente al aborto, en especial en la tercera causal de violación.

El monitoreo también sostiene que la atención de SSR se identifican déficits previos a la crisis sanitaria que se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios. 

Gloria también menciona las dificultades que dejó la pandemia para una correcta salud sexual y reproductiva en mujeres y personas con capacidad de gestar, las cuales dejarán fuertes secuelas en la salud de las mujeres y mortalidad materna.

Aquí, un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Es por esta razón que concluyen, en esta arista en específico, inevitables repercusiones en la salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.

Coincidió en esta preocupación Francisca Crispi, Presidenta del Colegio Médico Metropolitano, quien indicó que nunca pensaron que habría una disminución tan notoria en el acceso a servicios asociados a la salud sexual y reproductiva, especialmente luego de los múltiples embarazos no deseados que dejaron las fallas en pastillas anticonceptivas

Es más, en lo que respecta a las orientaciones para el manejo de casos COVID en personas con capacidad de gestar, entregadas recién en junio de 2020, se indicó que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con COVID positivo y con patologías respiratorias severas, y en octubre se adoptan las orientaciones técnicas de continuidad de atención en SSR en el contexto de la pandemia.

Otro de los problemas presentados los mencionó Karen Sepúlveda, representante de las organizaciones regionales del Monitoreo e integrante de la Colectiva Madre Nativa de Arica, enfatizando que las políticas de atención de salud son altamente centralizadas, complejizando su acceso para sectores rurales o con una menor conectividad.

Además de la descentralización, el monitoreo da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, a quienes claramente no ha incorporado el sistema de salud. 

Se señala que a las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans. 

A esto, se suman los permanentes casos de violencia obstétrica que estuvieron presentes en todos los territorios monitoreados, con episodios repetitivos durante el parto, o para grupos etarios menores como adolescentes.

Ante este preocupante escenario, las expositoras fueron enfáticas en señalar la urgencia de incrementar las estrategias comunicacionales para difundir de mejor manera la Ley IVE, así como vías de denuncia ante la violencia sexual, especialmente a jóvenes y adolescentes. Asimismo, se refirieron con esta preocupación a la necesidad de retomar la capacitación del personal de salud, haciendo especial hincapié en la importancia de que la paciente sea quien tenga la última palabra sobre la interrupción voluntaria de su embarazo o las denuncias que apuntan a casos de violencia sexual, ante la evidente barrera que ha significado la objeción de conciencia.