Diversas organizaciones sociales chilenas e internacionales presentaron una acusación ante la Corte Penal Internacional para que el Presidente Sebastián Piñera, sea investigado por crímenes de lesa humanidad. La presentación se realiza argumentando que estos hechos fueron cometidos durante el llamado "estallido social”, del 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de personas heridas.

El escrito, interpuesto ante la instancia ubicada en La Haya, Holanda, por el exjuez español Baltasar Garzón, cuenta con el respaldo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), desde Italia.

El documento señala que los actos fueron "ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque" y son "constitutivos de crímenes de lesa humanidad".

Para dar sustento al escrito, se cita a los informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del estallido elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El escrito, que va dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, pide que se indague e inicie un juicio a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales.

Si bien este tipo de casos puede durar años, incluso al sólo analizar la admisibilidad, la situación es muy seria, debido al tipo de delitos por los cuales se recurrea este tribunal internacional. La Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y experta en derecho internacional público, Karina Uribe, lo explica.

Por su parte, la abogada penalista Fabiola Girao, doctora en derecho, abogada de la Universidad Federal del Amazonas y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, especialista en materias de Derechos Humanos, planteó que hay antecedentes suficientes para sustentar la existencia de crímenes de lesa humanidad, por lo que el debate jurídico podría centrase en establecer las responsabilidades, escenario muy complejo para el Presidente.

El documento añade que los recurridos serían todos responsables de la comisión de "crímenes de lesa humanidad (…) de manera generalizada y sistemática”. A juicio de los demandantes, la corte debe intervenir pues en el país sudamericano estos delitos no han sido investigados debidamente.

Garzón declaró al sitio de investigación periodística Ciper Chile que "los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”.