Asociación de Universidades Regionales cuestiona composición del nuevo Consejo Nacional del Patrimonio
La Agrupación de Universidades Regionales (AUR) señaló su discrepancia ante comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, acerca del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural.
El texto se aboca a definiciones sobre qué entender por el concepto patrimonio, la institucionalidad del Estado y sus funciones en materia de elaboración de políticas y mecanismos en la materia y las normas de protección y sanciones ante su daño.
El artículo 7 del proyecto de ley, establece la composición de un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, que presidiría el subsecretario del Patrimonio. Además se considera la presencia de un académico a nombre de las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas a lo menos por 5 años, además de un académico de la Universidad de Chile, experto en patrimonio cultural inmaterial.
Este punto es criticado por la AUR, ya que en estos términos del proyecto, no se daría la representatividad necesaria, como lo planteó ante la comisión el presidente del organismo y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.
Como argumento, el rector señaló que en la Región Metropolitana se ubican el 33% de los monumentos, mientras que el resto de las regiones posee el 67%; además del hecho que la totalidad de los sitios nominados patrimonio mundial de UNESCO, se emplazan en regiones (Humberstone, Rapa Nui, Valparaíso, Sewell, Chiloé). Agregó que a nivel de universidades regionales hay estudios e investigaciones en la materia, con una serie de programas de pregrado y 57 postgrados.
Este consejo debería pronunciarse acerca de las solicitudes de declaratorias de bienes patrimoniales, además de determinar espacios de protección y planes de salvaguarda de bienes, junto con actualizar una lista de bienes de valor histórico en el país.
El texto fue ingresado en junio del 2019 a trámite y el 24 de marzo se le presentó una indicación substitutiva para reemplazarlo. El gobierno le otorgó urgencia para que fuera despachado prontamente, pero parlamentarios han pedido profundizar el debate.