Skip to main content

Comerciantes porteños presentan Recurso de Protección contra ministro Paris y el Estado de Chile

30/04/2021
Comparte

Un total de diecisiete comerciantes de Valparaíso, pertenecientes a distintos rubros, asesorados por cuatro abogados y respaldados por el diputado Andrés Celis, presentaron un recurso de protección en favor del comercio de la ciudad porteña, y en contra del Ministro de Salud, Enrique Paris, y el Estado de Chile.

Esta acción judicial pretende que las autoridades nacionales respondan ante los perjuicios económicos, psicológicos y de seguridad que causaron el estallido social y la pandemia del Covid-19, consecuencias que hasta el momento tienen a gran parte de los locatarios de la comuna con sus puertas cerradas o envueltos en múltiples deudas.

Así lo aclaró el abogado Enrique Manríquez, quien detalló que el poder ejecutivo ha traspasado sus facultades, prohibiéndoles a los comerciantes ejercer sus labores y dejándolos sin ingresos.

También lo reforzó así Raúl Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Emprendedores de Chile, quien manifestó que han cerrado las puertas por demasiado tiempo, sin tener ninguna ayuda directa para pagar consumo de servicios básicos o arriendos, que siguen siendo una preocupación a pesar del confinamiento obligatorio.

Valeria Lavegne, directora de la Cámara de Comercio de Emprendedores, ejemplificó esta crítica con su experiencia. La emprendedora indicó que a pesar de haber recibido un crédito FOGAPE como ayuda para palear las consecuencias económicas de la pandemia, sólo ha recibido consecuencias negativas, que le significan a la fecha el embargo de su local por parte de la banca.

A propósito de estas preocupaciones, el diputado por Valparaíso, Andrés Celis, solicitó al Presidente Piñera la designación de un delegado que pueda recoger estas inquietudes, a falta de medidas de ayuda directa para los afectados.

Los locatarios también criticaron la inyección anunciada por el mandatario a Corfo y Sercotec, por su poca capacidad de apoyar a las pymes de manera transversal, obligando a las personas afectadas a postular según los requisitos indicados, reprochando su bajo alcance y alta burocracia.