Un total de catorce organizaciones de cuidadoras informales a nivel nacional escribieron una carta dirigida al Estado de Chile, con el fin de solicitar un pronunciamiento y prontas respuestas a la falta de medidas que resguarden a quienes necesitan cuidado, como a quienes lo ejercen.
En esta carta, las organizaciones se refieren a aquellos “derechos que durante el año de pandemia se han vuelvo aún más lejanos producto de la profunda crisis económica, política y social que vive el país”.
En la misiva, señalan que “la pandemia nos ha hecho tener que profundizar nuestras medidas de protección y resguardo, porque las personas que cuidamos son una población de mayor riesgo frente al COVID-19”, afectando en particular a las mujeres, “producto de la labor que ejercemos no logramos compatibilizar el cuidado con un trabajo formal y nos vemos en la necesidad de realizar actividades informales para poder tener alimentos y los insumos que requieren las personas dependientes”.
Para fortalecer aquella lectura, es que las organizaciones explican que esta preocupación se refleja en estudios recientes. Entre ellos, el último Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC), indicando que “en Chile existen 2.836.818 personas con discapacidad, lo que equivale al 16,7% de la población. De este grupo, el 40% tiene dependencia funcional, es decir, requiere del apoyo de un cuidador”. Sin embargo, seis años han pasado desde este diagnóstico, por lo que “con el aumento de población de los últimos años y las consecuencias de salud que muchas personas han vivido producto de haber contraído coronavirus, por lo menos tres millones de personas podrían requerir de un otro para cuidar de su salud y mantener su bienestar y vida”.
A pesar de esta delicada realidad, las firmantes critican que “esta situación en el país no ha sido visibilizada ni considerada, por lo que no hemos recibido la atención ni el apoyo que los organismos internacionales han propuesto como fundamentales para evitar un retroceso y una crisis generalizada en nuestra población”. Enfatizan que “las personas con discapacidad y sus cuidadores, una vez más somos invisibles y nos sentimos prescindibles para el Estado y la sociedad en general”.
Cansadas de esperar una respuesta, las organizaciones sostienen que “queremos que esta carta se lea y escuche como un grito de auxilio”. Es por esta razón que emplazan a las autoridades a responder por “¿Quién nos apoyará? ¿A quién le importamos? ¿Quién cuidará de las personas dependientes si nosotras ya no podemos?”, demandando “que se considere la variable de los gastos asociados a los cuidados de personas dependientes como factor de vulnerabilidad social”.
Las organizaciones que firman son Asociación Yo Cuido, FENPOF CHILE - Federación de Enfermedades Poco Frecuentes Chile, la Federación de Enfermedades Raras (FECHER), el Grupo de Apoyo a Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (GAFA), la Fundación Cristo Especial, la Fundación Amor para Postrados y Cuidadores (APOST), Ostomizados Concepción, Asperger Quinta, Colectivo Ciudadanas Cuidando, Vocería Autismo Sur, Mesa de Personas con Discapacidad Antofagasta, Colegio de Enfermeras de Chile Regional Valparaíso, Fundación K-uidadores de la Familia CAM y el Centro de Estudios de Trastornos del Movimiento (CETRAM). Además, invitan a otros colectivos a hacerse parte de la demanda y firmar aquí.