El pasado 8 de abril el Tribunal Ambiental escuchó los alegatos en cuanto a las reclamaciones contra el Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que aprobó las torres de alta tensión Cardones Polpaico, mega proyecto que se extiende a lo largo de 753 kilómetros desde Atacama hasta la Región Metropolitana, y que es criticado por las comunidades que viven a sus alrededores.

En concreto, las reclamaciones son en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por el director del SEA, que rechazó la invalidación interpuesta por la comunidad agrícola La Dormida, la comunidad Altovalsol de La Serena y la Cámara de Comercio y Turismo de Olmué, quienes alegan que existieron una serie de deficiencias y trámites que no se consideraron durante la evaluación, por lo que buscan la anulación total o parcial de la RCA.

En esta instancia, el equipo jurídico que representa a aquellas comunidades presentó diversos argumentos que buscarían la nulidad parcial de la RCA, la cual acusan se otorgó incumpliendo la ley. Terminada la exposición, el equipo aseguró que se sembró una duda legítima en el tribunal, estando más cerca de conseguir este objetivo.

Así lo manifestó Elena Rubilar, abogada representante de la comunidad Altovalsol, señalando que todo lo alegado tenía que ver con la descripción original del proyecto, por lo que la resolución del Tribunal puede concluir en la nulidad parcial.

Para cada uno de los representados, los perjuicios del proyecto son distintos. Para la comunidad que habita en el sector La Dormida, la instalación del megaproyecto interrumpe su forma de vida y los servicios ecosistémicos que brinda este lugar, como la provisión de agua, obtención de madera y yerbas medicinales, ejercicio de la ganadería, actividades turísticas que les otorgan ingresos financieros, entre otros. Es por esta razón que su reclamación se centra en el daño al valor paisajístico, turístico y ecológico que tiene La Dormida, afectando aproximadamente a 800 comuneros y sus familias.

Distinto es el caso de la comunidad Altovalsol de La Serena, cuyos hogares se ubican a menos de 50 metros de las torres, perjudicando su calidad de vida por el fuerte ruido que producen la tensión eléctrica de los cables. En términos técnicos, las más de 50 familias que viven en el sector se ven afectadas por el efecto Corona, un fenómeno eléctrico que produce un fuerte ruido y genera gases corrosivos como el ozono, óxidos de nitrógeno y si hay presencia de humedad, ácido nítrico.

Dentro de los errores señalados por la defensa, y que acusan fueron cometidos por la empresa, Rubilar indicó que no se respetó la participación ciudadana para subsanar información presentada en los estudios, y que no se entregaron todas las informaciones pertinentes a la comunidad sobre el impacto de la instalación de las torres de alta tensión.

Paulin Silva, abogada representante de la comunidad La Dormida, explicó que desde 2017 han trabajado para llegar a esta instancia judicial y conseguir el pronunciamiento de un tribunal sobre las alegaciones de los habitantes perjudicados, lo que sentará un precedente importante en todo lo que respecta a la implementación de las evaluaciones ambientales y la participación de la ciudadanía en la instalación de grandes proyectos.

En caso de una postura favorable por parte del Tribunal Ambiental, aún existe confusión sobre el nivel de reparación hacia las comunidades tras la instalación de Cardones Polpaico. Silva explicó que, si bien la idea es que se retrotraigan hasta la etapa de participación ciudadana, pueden determinarse otras medidas de mitigación o compensación adecuadas, en base a la duda presentada por la defensa.

La resolución del tribunal podría tardar hasta 30 días, luego de que el pasado 8 de abril se expusieran los alegatos por parte de la defensa. En caso de una respuesta negativa, aseguraron que recurrirán a la Corte Suprema, para que revise la sentencia del Tribunal Ambiental.