Una nueva arista de conflicto se ha abierto entre el gobierno de Sebastián Piñera y las comunidades del mundo cultural y artístico.
Si ya la situación laboral y social de los artistas ha sido objeto de debate público, por las precarias condiciones de los trabajadores y la falta de preocupación por parte del ministerio del ramo, la prioridad legislativa de suma urgencia que se le ha dado al proyecto de ley del patrimonio, presentado el año pasado, ha abierto nuevamente una herida entre el edificio de Plaza Sotomayor y los artistas.
Originalmente la legislación tenía por objetivo crear una nueva institucionalidad y modernizar los mecanismos de protección de bienes patrimoniales. A poco comenzar el debate legislativo, las críticas apuntaron a que el texto fue elaborado sin diálogo con diversas comunidades culturales y también las originarias, porque se acusa incluso que no se realizó la consulta consagrada en el Convenio 169 de la OIT.
Ante esto, el 24 de marzo el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio presentó una indicación sustitutiva al proyecto, reemplazando el texto original y le dio suma urgencia, para priorizar su tramitación. En ese contexto, más de diez organizaciones vinculadas al patrimonio cultural criticaron al Ejecutivo, señalando que su acción es una “mala señal”, ya que desliga la discusión del proceso constituyente que se realizará en el país. En la red circula una carta que expresa este rechazo y suma adhesiones.
Consultado por el tema José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, criticó la medida.
El proyecto elaborado por el Ejecutivo establece nuevas categorías de protección como el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales.
Asimismo, modifica la institucionalidad y crea el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural.
Al respecto, Jorge González, presidente de Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio (ANATRAP) e integrante del Frente por el Patrimonio, sostuvo que la maniobra del Gobierno desconoce acuerdos alcanzados a finales de 2019, para crear una mesa de trabajo al respecto.
La modernización de la ley de Monumentos Nacionales es un tema de suma preocupación para las organizaciones, ya que la normativa, que se originó en 1925, fue actualizada por última vez en 1970.
Fuente: RUCH