Luego del polémico brote de Covid-19 en la cárcel de San Antonio a mediados de febrero, las reacciones y denuncias no han cesado.

Los primeros en llamar la atención en este tema fue la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, quienes han conversado sostenidamente con los presos del penal y sistematizado las denuncias acerca de las condiciones en que se encuentran.

Tras el brote que afectó a 33 reclusos y funcionarios, la cárcel fue puesta en cuarentena, situación de la que salió el pasado 24 de febrero. A pesar de aquello, tanto familiares como profesionales que componen la organización ponen en duda la rigurosidad de esta decisión, tras múltiples negligencias que denuncian ocurrieron en el recinto, que provocaron los contagios en primer lugar.

Soledad Peña, vocera del área carcelaria de la Defensoría, relató que el incumplimiento de las medidas preventivas para prevenir contagios dentro de la cárcel se manifiesta desde un inicio, provocando estragos tanto en la población penal como en habitantes del exterior.

Peña expone además que, posterior a la identificación de los contagios, las vulneraciones a los derechos de los reclusos persistieron y se endurecieron, a pesar de la situación sanitaria. Dentro de ellas destacan que se mezclaron presos con y sin Covid en el mismo módulo, el que corresponde al de prisión preventiva, y que la ventana de la puerta fue sellada con la soldadura de una chapa de metal, dejando a los internos con mínima ventilación y en condiciones deplorables de hacinamiento.

A esto, se suma la acumulación de basura dentro del módulo, que no es retirada por funcionarios del penal; así como la presencia de plagas de ratas, cucarachas y vinchucas, por el no uso de químicos anti-plagas en un largo periodo de tiempo. Además, destacan que, al sumarse nuevos integrantes al módulo, varios de ellos deben dormir en el suelo por la baja cantidad de camas, comprometiendo la salud de los reclusos al tener contacto con el agua que abunda en el sector debido a la existencia de cañerías rotas.

Si bien todos estos elementos requieren una urgente respuesta y solución, los profesionales de la organización están especialmente preocupados por la situación epidemiológica de los presos, ya que no cuentan con pruebas fehacientes de que quienes se contagiaron con Covid-19 se hayan mejorado realmente.

La observadora de DDHH e integrante de la organización comentó que lo más urgente en este momento es que Gendarmería implemente el protocolo Covid para cárceles en el recinto sanantonino, del cual no tienen evidencia que se haya ejecutado, debido a múltiples situaciones que les fueron narradas por los internos.

Para exponer todas estas situaciones, es que la organización se reunió con la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la fiscal nacional de la Corte Suprema, Lya Cabello Abdala, además de magistradas y magistrados de los juzgados de Garantía de la jurisdicción así como representantes de Gendarmería de Chile, secretaría regional ministerial de Justicia, Defensoría Penal Pública, del Colegio Médico capítulo regional, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso. En esta instancia, expusieron todas las situaciones descritas en un detallado informe que fue entregado a las partes, a la espera de una pronta respuesta y solución a las problemáticas relatadas.