Luego de la manifestación en Plaza Cívica que se produjo el jueves 02 de enero frente a la Intendencia Regional, tres jóvenes resultaron detenidos por el supuesto delito de desórdenes graves. Dos de ellos, Moisés Garay y Raúl Escobar pasaron a control de detención y formalización, siendo declarada, por parte de la jueza, ilegal la detención realizada por Carabineros, aunque para Garay se dio un plazo de 90 días de investigación.

Garay fue a control de detención para ser formalizado por desórdenes graves, donde supuestamente habría quemado una bandera de la Intendencia Regional, además de haber arrojado objetos contundentes al recinto. Sin embargo, la jueza declaró ilegal la detención que se llevó a cabo por parte de Carabineros, ya que el parte policial no coincidía con la declaración del joven ni tampoco había antecedentes suficientes que desmotaran su supuesta culpa.

En la ocasión, el trabajador de la ONG Paicabi, mostró lesiones que le habrían ocasionado dentro de la Comisaría y también por parte de Gendarmería y acusó estos hechos de violación a los derechos humanos.

Garay contó que las lesiones constatadas corresponderían a su muñeca, espalda y zona cervical e incluso habría recibido amenazas contra su vida. De todas formas, el joven señaló que se encuentra conforme con el dictamen de la jueza pero que cree que desde la Intendencia se hará perseguimiento de este hecho.

Junto a él también otras dos personas fueron detenidas, una de sus compañeras fue dejada en libertad, quien también detalló los tratos que recibió y afirmó que se trató de un hecho sin justificación alguna.

Al respecto Danya Olivares señaló los insultos y golpes que recibió y al igual que Garay enfatizó que la responsabilidad no solo la tiene Carabineros, sino que también el Intendente Regional.

En tanto, uno de los amigos de Garay, Daniel Bruna, expresó que este hecho le generaba dudas, ya que el joven hace años ha trabajado en los derechos humanos de los niños en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y también en casos donde se han violado los derechos humanos.

Finalmente, la presidenta del sindicato de la ONG Paicabi, Isidora Morales, sostuvo que Garay ha sido un importante dirigente y que en general los dirigentes sociales están siendo perseguidos por Carabineros. Por lo mismo interpondrán todas las acciones judiciales necesarias y asimismo descartó su participación en la quema a la bandera.

De esta manera, los jóvenes se querellarán contra Carabineros por los apremios ilegítimos que recibieron. En tanto, el Intendente Regional no se ha referido a estos casos en particular, sino que afirmó que lo ocurrido en el edificio regional fueron hechos “gravísimos y violentos”.