Desde el inicio del estallido social, el pasado 18 de octubre, varias acciones judiciales se han interpuesto en contra de diversas autoridades por violaciones a los Derechos Humanos.

Si bien varias entidades han actuado en este sentido, no todas las acciones judiciales tendrían las mismas consecuencias. Por ejemplo, ya es de conocimiento público la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, que fue aprobada en el Congreso y le impedirá optar a cargos públicos durante cinco años. Esta sanción es sólo administrativa y aún se encuentran en tramitación las querellas interpuestas por distintos abogados y organizaciones, que esperan una sanción del tipo penal.

La Defensoría Popular de Santiago, teniendo en cuenta los múltiples atropellos a la seguridad integral de las personas que fueron heridas durante estos dos meses de manifestaciones, interpuso una querella criminal en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, por su responsabilidad como jefe de Estado del delito de crimen de lesa humanidad establecido en los artículos primero y siguientes de la ley 20.357.

La abogada María Magdalena Rivera, querellante y representante de la Defensoría Popular, elaboró junto a otros 15 abogados el documento en que se afirmó como delitos verificados los de homicidio, torturas y apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, detenciones desde el domicilio de las personas, privación de libertad física y mutilación de miembros importantes, destacando en este último la destrucción de globos oculares.

Para la elaboración de este documento se citaron cifras de los reportes del instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Fiscalía, insumos que sirvieron para detallar algunos de los casos más emblemáticos por la extrema gravedad que los definen, enfatizando en “el ataque organizado, genérico y sistemático a la sociedad civil por parte del Estado”.

También se numeraron algunas de las causas patrocinadas por el INDH y particulares sobre la materia, bajo las categorías de apremios ilegítimos, torturas y recursos de amparo. Asimismo, se destacan algunos casos que ya se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público por al menos 43 casos de niños, niñas y adolescentes “que han sufrido vejámenes por agentes del Estado”, según se señala en el escrito, y que son sustentadas con la sistematización de la Defensoría de la Niñez.

Por estos casos mencionados y otros relatados en la querella es que la abogada Rivera fue enfática en sostener que existen razones suficientes para formalizar y condenar al presidente Piñera por su responsabilidad en estos delitos, "si no es a nivel nacional, entonces a nivel internacional".

Si bien la abogada afirmó que existen razones suficientes para condenar al mandatario, ya están preparándose como Defensoría Popular para llevar este caso a instancias internacionales, de ser necesario, “los tribunales chilenos han demostrado además que no son absolutamente imparciales".

El trabajo de persecución y abogacía que actualmente ejerce María Rivera le ha significado consecuencias graves para su propia seguridad integral. Afirmó que ha recibido amenazas de muerte por distintas vías debido a este trabajo, por lo que solicitó medidas cautelares y de protección que ya fueron decretadas a su favor, según contó, “por aparecer públicamente defendiendo a quienes se defienden del terrorismo de estado actual".

Al finalizar esta querella, se solicitó oficiar a 19 instituciones y tomar declaraciones a siete personeros del Estado y fuerzas de orden que, según señaló Rivera, ya fueron derivados, enviados y recepcionados, por lo que ahora se encuentran a la espera de la respuesta de aquellos oficios.