En el marco de la Cumbre de Cambio Climático COP25, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet realizó el anuncio del nuevo cronograma. 

Jobet señaló que se suman al plan de salida de la primera fase (2024) las centrales ubicadas en Mejillones (CTM1 y CTM2), con una capacidad total de 334 megawatts. Mientras que en la región de Valparaíso se cerraran anticipadamente Ventanas 1 y 2 de AES Gener.

Sobre esta medida, algunos parlamentarios de la zona y organizaciones sociales manifestaron que se trataba de un avance, pero que no necesariamente significa un cambio ambiental que mejorará la calidad de vida de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Para ello, el Ejecutivo acelerará cambios regulatorios e inversiones en transmisión para viabilizar dichos cierres.

Son casi 700 megawatts de centrales a carbón que se cerrarán anticipadamente y que serán reemplazados por energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia, destacó el secretario de Estado.

Sobre este anuncio la empresa AES Gener emitió un comunicado donde manifestó su apoyo y voluntad al retiro de las unidades a carbón de Ventanas 1 y 2, esto con la misión de “mejorar vidas acelerando un futuro energético más seguro y sustentable”.

De hecho, el Gerente General de AES Gener, Ricardo Falú aseguró que la empresa está ejecutando acciones que contemplan la “incorporación de más energía renovable, baterías y diversas soluciones de energía”. “De esta manera, reafirmamos nuestro total compromiso de acelerar un futuro energético más seguro y sustentable para Chile”, puntualizó.

Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró que el gobierno adelante el cierre de las termoeléctricas, pero enfatizó que falta una claridad para el término de las restantes que todavía afectan a zonas como Quintero y Puchuncaví.

Sobre ello, Latorre reiteró que espera que el Presidente Sebastián Piñera pueda presentar un calendario de cierre de todas las termoeléctricas a carbón entre el año 2020 y 2030. Asimismo, manifestó que es necesario que exista un negociación y transición justa para los trabajadores y que estos puedan ejercer sus funciones en otras filiales que tienen menor impacto ambiental.

En tanto, organizaciones ambientalistas y sociales miraron este anuncio con suspicacia, ya que consideran que no se trata de un real cambio que responda a la emergencia climática ni tampoco a las condiciones de vida de miles de personas que viven en las llamadas zonas de sacrificio.

En este sentido, Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terrram, comentó que es un “pequeño gesto” y que esperan que de acá a fin de mes la termoeléctrica más antigua este paralizada. Sin embargo, dijo que se trata de una de las centrales que tiene menos potencia y por lo tanto sus emisiones son menores. De esta manera, no sería un avance significativo en el medio ambiente.

Asimismo, el investigador agregó que la termoeléctrica es la que tiene mayores problemas en sus operaciones y funcionamiento y por lo mismo no es un anuncio muy ambicioso.

Otra de las organizaciones que expresó su insatisfacción con la medida fue Greenpeace. En un comunicado la ONG calificó la decisión como “decepcionante”.

“Creemos que la pregunta que debe hacerse, dado el tamaño de la emergencia climática, es si es que acaso éste es el anuncio de verdadera ambición medioambiental con el que el gobierno responde a la tragedia que se vive en las zonas de sacrificio. El resumen de lo que acaba de anunciar el gobierno, y que va más allá de un par de centrales que se adelantan en su cierre, es que se garantiza que miles de chilenos seguirán siendo envenenados en los próximos 20 años”, dijo desde Madrid Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace.
La organización medioambiental también agregó que un anuncio sustancial sería adelantar el fin del carbón para el 2030 y no hasta el 2040, solo así se mejoraría la calidad de vida de los habitantes de las zonas de sacrificio.
Recordemos que la primera fase contemplaba la salida de 8 centrales al 2024 por un total de casi 1.000 megawatts, cuyas fechas ya habían sido anunciadas por el Gobierno y las empresas; la segunda fase implicaba el cierre de las restantes 20 centrales a carbón que hay en el país, a más tardar el 2040. Así, se adelantará la salida de cuatro centrales, ubicadas en zonas de alta concentración industrial.