Diversas materias que afectan a la Región de Valparaíso han sido presentadas en este encuentro internacional para abordar la preocupación por el medioambiente.

En el marco de la COP25 que se está realizando en Madrid, el profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso expuso en el conversatorio “Conservación del Borde Costero en Chile en contexto de cambio Climático” los resultados del estudio “Determinación del riesgo de los impactos del Cambio Climáticos en las costas de Chile”.

En la ocasión, el académico comentó que la información levantada junto a los otros panelistas fue conversada con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, ya que es fundamental para una eventual creación de ley de costas.

En la presentación, Winckler habló sobre las proyecciones de la amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo de los sistemas humanos y naturales de la zona costera ubicados en 104 comunas de Chile continental, además de Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández, con el objetivo que la investigación pueda ser utilizada para la posible creación de políticas e implementación de medidas de adaptación.

El profesor comentó la importancia del conversatorio y del estudio, especialmente para incorporar estrategias que planifiquen de la mejor manera cómo los asentamientos costeros, infraestructuras, equipamientos y sistemas naturales no se vean expuestos al aumento de la intensidad de las marejadas.

En este sentido, Winckler señaló que tanto la academia con las organizaciones gubernamentales están empujando la ley de costas que modifique como hoy en día se planea el territorio. El académico planteó la necesidad de que el Estado se haga cargo de la problemática a la que se ven expuestas las costas debido al cambio climático a través de franjas que aseguren un límite para el asentamiento humano.

Por lo mismo, el académico de la UV fue enfático en decir que es el Estado quien debe velar por el resguardo de las personas en caso de desastres naturales como tsunamis que puedan poner en riesgo su vida.

Cabe destacar, que según lo explicado por Winckler existen alrededor de 19 mil asentamientos en Chile que se pueden ver afectados por el cambio climático. Por lo que además de la misma exposición, en la COP25 se estará exhibiendo la propuesta sobre un sistema integrado de observación del océano chileno (SIOOC) que busca “disponer de datos de calidad, estandarizados y de acceso público para el estudio, monitoreo, manejo y vigilancia del océano y sus recursos”.

Cabe destacar que una de las aristas más importantes del conversatorio en el que participó el docente, se relaciona con el estudio dónde se elaboró un inventario de exposición de los sistemas humanos y naturales ubicados bajo los 10 metros sobre el nivel del mar (msnm), donde se identifica que hay un total de 972.623 personas habitando los primeros 10 msnm. En base a esta información se pueden concluir que hay 12 comunas críticas, debido a su vulnerabilidad en el borde costero. Estas son Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Pichilemu, Talcahuano, Coronel, Arauco, Puerto Saavedra, Valdivia, Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández.

Otra materia fue la relacionada con las "zonas de sacrificio". Al respecto, el investigador asociado de la Fundación Terram, Hernán Ramírez, planteó en el pabellón Chile, denominado “Cambio Climático: territorios, industrias extractivas y zonas de sacrificio en América Latina”, la problemática sobre las zonas de sacrificio y la injusticia socio ambiental que viven sus pobladores.
Ramírez explicó que el concepto de zonas de sacrificio se comenzó a emplear el 2011 a raíz de una de las tantas intoxicaciones que ocurrió en Ventanas. El término es aplicado “en zonas industriales donde el Estado ha hecho abandono de sus deberes, en donde las comunidades han sido sometidas por la falta de servicios del Estado a niveles y concentraciones de contaminantes que son peligrosas para la salud y medio ambiente”, empezó contando en su presentación.

El investigador comentó a RVL noticias que se trata una instancia “sumamente importante”, ya que se deja en evidencia la problemática y la falta de políticas públicas.

Además, manifestó que en las primeras jornadas algunas agrupaciones de la sociedad civil entablaron conversaciones con distintas ONG de Latinoamérica para incidir en que los gobiernos puedan generar propuestas más ambiciosas en favor de la población.

Por otra parte, Ramírez también expuso sobre la falta de políticas públicas que permitan avanzar en proteger la salud de los habitantes de distintas zonas de sacrificio, afirmando que el Estado no ha generado normas que protejan la vida de las personas que se expongan en estos territorios.

Sobre este punto, el investigador afirmó que existen malas políticas públicas, que no hay exigencias ambientales por parte del Estado hacia grandes empresas y que incluso este ha eliminado normas de contaminantes sin otra razón que no sea perjudicar la economía, por ejemplo en la operación de fundiciones de cobres y actividades mineras.

Asimismo, enfatizó que no hay normativas en relación a los compuestos orgánicos volátiles, metales pesados respirables, ni sobre el suelo, siendo que el país se caracteriza también por una potente industria agrícola. Finalmente, criticó la falta de las medidas sobre la emisión que se regulan en las empresas termoeléctricas y funciones, siendo estándares ambientales muy bajos y permisivas.

Se trata de una problemática sumamente relevante en materia ambiental, considerando los diversos episodios de emergencia ambiental que viven constantemente zonas como Quintero y Puchuncaví, donde sus habitantes a diario deben enfrentarse con intoxicaciones, varamientos de carbón y concentraciones excesivas de dióxido de azufre que son dañinas para la salud y por las que todavía no hay soluciones ni responsables concretos.