Luego que la fundadora de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE), Katta Alonso, recibiera una amenaza por parte de un sujeto, distintas voces y actores sociales manifestaron su repudio a este hecho.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaron que interpondrán una denuncia en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de esta situación, mientras que organizaciones sociales han expresado su apoyo a la dirigenta social.

En un comunicado, MUZOSARE rechazó lo ocurrido a la activista ambiental, especialmente considerando su "lucha por los derechos a la salud y el medio ambiente de todos los y las habitantes de la comunidad donde vive hace décadas y a su lucha, junto a la lucha de los demás defensores territoriales". Además, hicieron un llamado a "no permitir que estas situaciones se invisibilicen" y exigieron al gobierno que se pronuncie sobre el Acuerdo de Escazú.

Este hecho ocurre luego que se informara a través de la prensa de un posible cierre de la fundición de Codelco Ventanas, que habría sido anunciado por el presidente Sebastián Piñera al ministro de Ciencias, Andrés Couve, lo que dejaría a un importante número de personas sin trabajo.

Frente a esto, Katta Alonso, relató lo que le sucedió y señaló que no piensa que se trata de una amenaza por parte de los trabajadores del Sindicato  de la empresa.

La activista añadió que reconocería a la persona si la viera, pero que no la conocía. Asimismo, afirmó que esta es la primera vez que recibe amenazas, pero que no la amedrentan, ya que el apoyo ha sido muy grande y por lo tanto seguirán luchando por el derecho a la salud y un ambiente libre de contaminación.

Debido a lo ocurrido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia al Ministerio Público  por el delito de amenazas y aseguraron que esta no es la primera vez que están en conocimiento que una defensora de derechos humanos ambientales recibe mensajes intimidantes.

El director nacional del Instituto, Sergio Micco, manifestó su apoyo a la activista ambiental y fue enfático en decir que no hay que dejar pasar estas situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos.

Por su parte, el director del organismo en la región de Valparaíso, Fernando Martínez, agregó que esperan que la Fiscalía tome las medidas de precaución necesarias para proteger a Alonso.

Este hecho no ha dejado indiferente a las organizaciones medioambientalistas, que han emplazado al gobierno para que se pronuncien sobre lo que está pasando, ya que no es la primera vez que ocurre esto con dirigentes sociales.

En un comunicado, Greenpeace señaló que como organización no toleraran “la violencia como elemento de amedrentamiento a toda persona, activista y organización que de manera legítima, pacífica y transparente se oponen a un proyecto de alto impacto ambiental como es el Complejo Industrial de Quintero Puchuncaví”. Además, añadieron que en la llamada zona de sacrificio se vulnera “la salud y derechos básicos de miles de chilenos y chilenas afectados por la negligencia del gobierno y las empresas”.

Por su parte, el vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca, expresó que son hechos vergonzosos y cuestionó que el  gobierno aún no se refieran a este caso.

El activista, reconocido a nivel mundial por su constante lucha en el derecho a acceder al agua como un bien público, indicó que se deben visibilizar estos sucesos y que la “opinión pública debe tomar partido”.

Sobre esto, cabe recordar que la semana pasada fue amenazado José Zuñiga, parte de MODATIMA y presidente del Comité de Agua Potable Rural El Escorial de la comuna de Panquehue. Al respecto, Mundaca aseguró que los amedrentamientos son constantes en la organización, y que se trata de un discurso que viene a “criminalizar, censurar y perseguir a los hombres y mujeres que luchan de frente al país”.