Una millonaria demanda enfrenta el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), por el accidente que protagonizó el 7 de febrero del año 2015 en la Región de la Araucanía, hecho en que murió un funcionario de Carabineros. La Causa rol 1-2019 “Garrido contra Quintana”, es tramitada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque el parlamentario tiene entre sus domicilios la sede del Congreso Nacional.

La demanda es por 400 millones de pesos en favor de los familiares de Jonathan Misael Garrido Carril, cabo primero de Carabineros de Chile, fallecido en ese accidente. La familia es representada por el abogado Rafael Poblete, quien exige el millonario pago “por concepto de daño moral”.

Los hechos se remiten a lo ocurrido la noche del sábado 7 de febrero de 2015, cuando funcionario policial realizaba un control a un camionero por una denuncia de conducción peligrosa en la ruta que une a Temuco con Vilcún. Durante el control, el funcionario pidió que el conductor bajaba del vehículo y este se habría negado, tras lo cual el funcionario cruzó la ruta en ese momento Quintana lo atropelló, ocasionándole la muerte. Respecto de la responsabilidad del senador por la zona, en las presentaciones judiciales del demandante y el demandado hay argumentos totalmente contrarios.

En su escrito de presentación al tribunal, el abogado de la familia señala que hubo una serie de inconsistencias en los procedimientos e informes policiales para determinar lo ocurrido. La responsabilidad sería de Quintana porque no conducía a “una velocidad responsable y prudente” y acusa que no le prestó ayuda a la persona afectada. También apunta al accionar policial en el caso, ya que en el procedimiento se habrían aplicado a destiempo los exámenes para determinar la condición física del parlamentario al conducir (la alcoholemia), argumentando que éste habría invocado su fuero parlamentario. Concluye que en este hecho, Quintana tendría “culpa infraccional” y debe responder por los perjuicios ocasionados.

El abogado de Quintana, Álvaro Pavez, desmiente lo dicho por el demandante. En su escrito de contestación señala que los antecedentes del Ministerio Público y de la SIAT darían cuenta que la responsabilidad sería del carabinero por su “exposición imprudente”, al cruzarse en la trayectoria del vehículo y sin portar chaleco reflectante, además de la ausencia de una demarcación de conos para advertir del control policial, lo que habría impedido al senador notar el operativo. Agrega que, según los peritajes, el parlamentario manejaba a una velocidad de entre 53 y 64 kilómetros por hora “sin haber ingerido ni la más mínima cantidad de alcohol” y que, además, Quintana buscó comunicarse con distintos servicios para poder asistir a la persona lesionada y que en ningún momento invocó su fuero parlamentario.

Esta semana en la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizó una audiencia de “absolución de posiciones”, en la cual Quintana debió contestar una serie de consultas entregadas por la parte demandante, según lo informó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino.

Cancino señaló que este procedimiento se aplica por excepción y de manera especial a ciertas autoridades, como por ejemplo parlamentarios, dejando el caso a cargo de un ministro de fuero, para que sea un juez de mayor jerarquía el que conozca la causa.

El caso está en el período de prueba, en el cual el demandante busca demostrar los hechos para establecer eventualmente la responsabilidad civil.

Se tomarán testimonios de prueba en la Región de la Araucanía, para luego entregar los antecedentes al tribunal, que luego del período de prueba tendría cerca de 60 días para establecer eventualmente la responsabilidad civil de Quintana en el caso. En la justicia penal, la Fiscalía investigó el hecho como cuasidelito de homicidio, y el senador fue sobreseído en el caso, ya que se argumentó que los hechos no eran constitutivos de delito. Los asesores del senador señalaron que “no se va a referir a este tema, toda su posición está en la contestación”.