Un intenso debate se ha generado a propósito de las palabras de la ex ministra de Defensa Vivianne Blanlot, quien en RVLNoticias señaló que la Armada de Chile ha entregado toda la información que podía aportar en cuanto a la participación de funcionarios de su institución en violaciones a los Derechos Humanos.
La actual presidenta del Consejo para la Transparencia señaló que en marzo del 2006 el Ministerio de Defensa generó un grupo de trabajo para la entrega de información requerida por la justicia para resolver causas pendientes.
Blanlot destacó que durante su gestión se entregó la bitácora del Buque Escuela Esmeralda, como también se analizaron otros antecedentes para aportar a la resolución de los casos. Blanlot señaló que tiene una "buena impresión” de cómo la Armada ha colaborado con la justicia.
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Entre familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos no cayeron bien estas declaraciones, pues discrepan que la institución naval haya cooperado con los casos pendientes y que se haya entregado la información acerca de la participación de ex funcionarios en violaciones a los Derechos Humanos.
Gladys Barrios es la hermana de Marcelo Barrios, uno de los últimos ejecutados políticos de la Dictadura, en agosto de 1989, a manos de una patrulla de la Armada. A su juicio, la Marina no ha entregado información y ha impedido la resolución de los casos.
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Por otra parte, Javier Rodríguez, vocero del Grupo de amigos de Miguel Woodward (sacerdote católico muerto a causa de las torturas recibidas de parte de efectivos de la Armada), se refirió a la entrega de la bitácora del Buque Escuela Esmeralda. Según Rodríguez, el punto central del debate es que si se han entregado antecedentes a la justicia es porque se le ha exigido a la Marina, después de años de negar la información.
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La discusión ha estado además marcada por lo dicho por el ex comandante en jefe de la Armada Miguel Ángel Vergara a El Mercurio de Valparaíso al referirse al jefe de la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de defensa, el ex juez Alejandro Solís, diciendo que “si yo tuviera alguna información, (sería) la última persona en el mundo a la cual recurriría, porque me iría preso inmediatamente y sería acusado como sospechoso”.
Por eso, Nelson Aramburu, ex preso político y secretario ejecutivo de la Comisión Ética contra la Tortura, señala que la colaboración no ha existido.
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La gran mayoría de los casos pendientes en que están involucrados funcionarios de la Armada se tramitan en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.