Germán Oyola, el ex funcionario del Ministerio de Medioambiente, afirmó que la elaboración del plan se hizo sobre la base de datos erróneos, por malos cálculos y cambios de unidades de medida al momento de fijar niveles de contaminación.

El plan fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República en diciembre de 2017, luego que el titular del organismo Jorge Bermúdez, concluyera que el instrumento de gestión ambiental no cumplía con la finalidad que la normativa le asignaba: descontaminar la zona. De este modo, efectuó su representación, es decir, lo rechazó.

Bermúdez señaló que las cifras de contaminación permitidas en el plan eran tan altas, que no implicaban para las empresas una reducción real de emisiones. Una de las explicaciones para esto fue lo planteado por el ex jefe de la división de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, Germán Oyola, en la comisión investigadora por la contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví.

Oyola indicó que, durante la elaboración del anteproyecto, propuso que el límite de emisión de uno de los gases contaminantes, en particular el óxido de nitrógeno, estuviera en “partes por millón”, sin embargo, el límite máximo fue presentado en miligramos. Partes Por Millón y Miligramos son medidas de volumen. La diferencia es que Partes Por Millón mide concentraciones por litro y Miligramos mide concentraciones por metro cúbico, que son mil litros.

A juicio de Oyola, este cambio en las unidades de medida, significó incurrir en un error en la elaboración de los datos para el plan, algo “que nadie se dio cuenta”, señaló.

Así, el ex jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, Germán Oyola, dijo en relación al Plan de Descontaminación declarado ilegal por la Contraloría en diciembre de 2017, que hubo estos problemas, revelando el error en la elaboración de los datos.

Pero esto generó algo mayor, porque este cambio de unidad de medida motivó que, bajo el objetivo de homologar las cifras para fijar los límites de contaminación, a éstas se les aplicó un factor de dos, lo que como resultado aumentó el límite de contaminación, sin mayor respaldo ni justificación científica, lo que en principio establecería para las empresas del cordón industrial, menores exigencias que las originalmente planteadas.

Asimismo, Oyola también manifestó en la comisión investigadora que, para disminuir la emisión de dióxido de azufre -otro de los gases contaminantes- se puso el foco en las calderas de las diversas plantas productivas.

Según el profesional, hubo un error al enfocarse en ellas, porque estas fuentes representaban sólo el 0,8% de su emisión, por lo que normarlas no significaba un impacto en el fenómeno de la contaminación.

En este punto, el contralor Bermúdez, también cuestionó el plan, por la creación del concepto “caldera existente”, utilizado para regular las calderas que se instalarían posterior a esta regulación, dejando una norma “más laxa”, para las instalaciones actuales, señaló.

De esta manera, el testimonio del profesional, quien actualmente es funcionario de ENAP, dejó de manifiesto los errores cometidos por el Ministerio de Medioambiente de la administración anterior, en el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación para la zona industrial, en congruencia con lo manifestado por Bermúdez, cuando analizó los aspectos del plan que llevaron a su fracaso.

De todas maneras, Germán Oyola argumentó lo complejo de la elaboración del plan, asociado al contexto normativo: implementar normas de emisiones para fundiciones y termoeléctricas; el desarrollo de una normativa de calidad del aire para dióxido de azufre y para la emisión de calderas; impuestos verdes; permisos ambientales vigentes y el Programa de Recuperación Ambiental y Social de la zona (PRAS).

El plan se elaboró por el ministerio bajo las gestiones de los secretarios de Estado Pablo Badenier y posteriormente Marcelo Mena, para luego ser visto por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y posteriormente fue ingresado a la Contraloría. En diciembre del 2017 se conoce que el organismo lo representa, lo que implica administrativamente que el plan fue rechazado y no entraría en vigencia.

El presente gobierno se encuentra elaborando un nuevo plan y su anteproyecto está en etapa de participación ciudadana.