El Fisco deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos por la detención y desaparición de Jaime Aldoney Vargas en 1973.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad de los agentes del Estado en la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, detenido por funcionarios de la Armada el 12 de septiembre de 1973.

Un día después del Golpe de Estado, el entonces regidor de Limache e interventor nacional de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) fue arrestado en la fábrica cervecera, trasladado a la comisaría comunal –donde recibió las primeras golpizas– y conducido a la base aeronaval de El Belloto, en Quilpué.

Según el testimonio de su hermano, en las instalaciones de la Armada Jaime Aldoney “fue brutalmente golpeado, lo que ocasionó que finalmente fuese subido a un helicóptero y lanzado al mar”.

Aunque esta versión fue corroborada por la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), la Corte Suprema aplicó el criterio de media prescripción para la causa impulsada por la familia de Aldoney a comienzo de los años noventa.

En otras palabras, los agentes del Estado, autores del delito, quedaron en libertad. Así lo indicó a RVL Noticias el ex Intendente y hermano de la víctima, Gabriel Aldoney.

De todas maneras, el máximo tribunal del país también determinó que la familia Aldoney podía recurrir a una indemnización de parte del Estado por la desaparición del dirigente socialista.

Así, el 20 de octubre pasado el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar la suma de $50.000.000 al hermano del ex regidor de Limache.

En el fallo, la jueza Gabriela Silva Herrera estableció que "estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad (…), tal como dan cuenta la sentencia de primera instancia y la sentencia de reemplazo dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en atención a que todos los condenados, se desempeñaban en ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden".

Continúa, “se tendrá por acreditado que este hecho, el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar a personas opositoras al régimen militar”.

En relación a los dineros que eventualmente recibirá la familia de Jaime Aldoney, el ex Intendente de Valparaíso indicó que la indemnización es un acto legítimo de parte del Estado.

Aunque Gabriel Aldoney señaló que, en lo particular como familia no requieren los recursos, de recibirlos los utilizarán para mantener vivo el recuerdo de Jaime.

“Creo que en Chile es necesario que el esfuerzo que realizó mucha gente común y corriente por tener un país mejor, para algunos equivocadamente y para otros no, no es motivo para que se justifique lo que le ocurrió a esas personas”, dijo.

En esta línea, la familia Aldoney continuará colaborando con una beca anual para los alumnos del liceo de Limache, donde Jaime estudió, para financiar el inicio de sus estudios universitarios.