El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Valparaíso presentó este lunes, vía ventanilla, una denuncia al Ministerio Público para asegurar la realización de una serie de diligencias que permitan aclarar las circunstancias en torno a la muerte de Alejandro Castro.

El dirigente sindical fue hallado muerto la madrugada del jueves 4 de octubre en Valparaíso, luego de participar en una marcha contra la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

Fernando Martínez, director regional del organismo, se refirió a los procedimientos solicitados a la Fiscalía.

Según Martínez, el hecho “reviste carácter de delito”, en tanto, el secretario del sindicato de pescadores S–24 de Quintero, Alejandro Castro, es considerado por el INDH como un “defensor de los Derechos Humanos”.

La Policía de Investigaciones (PDI) señaló este fin de semana que si bien ya terminaron las diligencias, la investigación prosigue. Cabe recordar que el director nacional de la institución, Héctor Espinosa, confirmó que el dirigente sindical de Quintero “había sido amenazado”, aunque sostiene la hipótesis del suicidio.

Esta versión es rechazada por la pareja de cuatro años de Alejandro Castro, Polet Urrutia. La joven indicó a RVL Noticias que el dirigente de Quintero no tenía depresión ni motivos para quitarse la vida.

Consultada respecto al momento de su separación en Valparaíso, la pareja de Alejandro Castro señaló que lo vio por última vez a las 22:00 el miércoles 3 de octubre, cuatro horas antes de ser encontrado muerto en la línea del tren. Polet Urrutia además aclaró que no le preguntó qué haría después debido al tipo de relación que ambos sostenían: “No me dijo nada. Nosotros éramos así, yo quería hacer mis cosas, me iba, si él quería hacer sus cosas, se iba. No teníamos por qué estar todo el rato juntos. Teníamos esa libertad y por eso no me preocupé tanto”.

Amnistía Internacional ha solicitado que se resuelva el caso, debido al contexto en que se produjo la muerte del dirigente de la pesca de la zona. Además la organización ha desarrollado campañas para la protección de activistas, ya que en sus estadísticas, cuentan que el 60% de los asesinatos de defensores ambientales ha sucedido en Latinoamérica.