Una de las grandes luchas que ha encabezado Jorge Sharp desde el momento de asumir como alcalde de Valparaíso ha sido el de revisar y frenar aquellos proyectos inmobiliarios cuyos permisos se han denunciado que han sido entregados de manera dudosa o generan un notable perjuicio en contra de la comunidad.

En el último tiempo, el proyecto que pretende emplazar 22 torres en el sector de Jardín Pümpin, en el barrio O’Higgins, ha acaparado la atención del municipio, la comunidad y otras autoridades locales.

Hace solo un mes el alcalde decidió acoger tres reclamos de ilegalidad interpuestos por los vecinos del barrio O’Higgins en contra del proyecto inmobiliario, una medida con la que se busca congelar de forma definitiva el permiso para su construcción, a su vez hace una semana el concejo municipal de común acuerdo firmó una carta para solicitar la intervención de la Presidenta Michelle Bachelet en este conflicto.

Con estas acciones el alcalde de Valparaíso ha indicado buscar “reestablecer el imperio del derecho”, dichos que fueron tomados por el empresario Nicolás Ibáñez inversionista del proyecto inmobiliario de Jardín Pümpin, quien luego de interponer un recurso de protección en contra del alcalde de la ciudad puerto, acusando vulneraciones constitucionales, acusó que “el alcalde no ha tenido vergüenza alguna en llegar a señalar públicamente, a través de medios de comunicación, que restableció el imperio del derecho“.

Sharp respondió a Ibáñez, asegurando que defender la ley y la ciudad no debiese darle vergüenza a ninguna autoridad.

Pese a que son varios los proyectos que han sido cuestionados por la autoridad local en estos 10 meses a cargo del municipio, Sharp fue enfático en señalar que no está en contra del desarrollo inmobiliario, aclarando que en Valparaíso se puede invertir siempre y cuando se cumpla con las normas y los elementos de planificación.

Mall Barón, Mirador Barón, Cerro Florida, Villa Berlín y Jardín Pümpin son sólo algunos de los proyectos a los que Sharp se ha enfrentado intentando incluso revocar los permisos, a costa de hacer cumplir la ley.