Hace unos días el Ministerio del Interior interpuso una serie de acciones legales en contra de diversas sedes del Servicio Nacional de Aduanas, para investigar posibles delitos al interior de los centros ubicados en Iquique, Valparaíso, San Antonio y Los Andes.

En el caso de Iquique, se presentó una querella, que busca develar serias irregularidades e incluso se habla de faltas a un código aduanero (partida 033) que permitiría a los chilenos residentes en el extranjero ingresar al país vehículos usados.

Según cita la acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Iquique, “una organización criminal estaría tramitando ante el Servicio Nacional de Adunas dicho beneficio aduanero en base a documentación falsa, generando perjuicios al erario nacional y contrariando normas específicas sobre probidad de funcionarios públicos”.

En el caso de la región de Valparaíso y los tres puestos aduaneros involucrados, la acción judicial interpuesta por la cartera de Interior fue una denuncia presentada ante la Fiscalía local, por una serie de ilícitos que se habrían cometido en el lugar cuya jurisdicción pertenece a Aduanas, conocida como “zona primaria”, tal como se conoció hace un par de meses atrás, por medio de un informe realizado por la Contraloría Regional de Valparaíso, la cual, tras realizar una auditoría a las sedes regionales del Servicio consignaron una serie de faltas administrativas en el proceso de recepción, revisión y despacho de cargas que entraron o salieron del territorio nacional.

Frente a estas situaciones, previamente reveladas por Contraloría, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas Chilenas (ANFACH), Marcelo Reyes, manifiesta extrañeza al ver que quien realiza las acciones judiciales sea el Ministerio del Interior y no el director nacional de Aduanas, tal como lo sugería el informe del órgano contralor.

En relación a los vehículos ingresados por la sede de Iquique, faltando a la partida 033, Reyes asegura que Aduanas en el año 2015 presentó querellas por esta situación y hasta la fecha hay 35 vehículos incautados y ningún funcionario del servicio involucrado.

A su vez, Reyes, presidente de Anfach, insistió en que quien debería haberse hecho cargo de las acusaciones realizadas por la Contraloría tendría que haber sido la dirección nacional del Servicio a través de los programas de fiscalización de almacenes, razón por la cual asegura que los funcionarios se encuentran tranquilos, por no tratarse de una organización con mafias en su interior.

Cabe recordar que según el informe de Contraloría, entre enero y agosto del año 2016 en todos los almacenes particulares de Aduana de la región de Valparaíso se habrían realizado apenas un 0,01% de fiscalizaciones.

Además, la investigación reveló que tanto la dirección regional de Aduanas de Valparaíso como las dependencias de San Antonio y Los Andes no cuentan con un plan anual de fiscalización de regímenes suspensivos, procesos en los cuales las mercancías sujetas a control aduanero son acarreadas de una aduana a otra, con la eliminación total de impuestos y derechos respectivos.