La familia del rodriguista Mauricio Hernández Norambuena envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch para que se analice su caso.

La familia envió esta misiva luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la reciente rebaja de pena establecida por el juez Mario Carroza, en el caso del asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, el desaparecido dueño del grupo El Mercurio.

Laura Hernández Norambuena, su hermana, señala que este rechazo de la Suprema dificulta su extradición, debido a que las autoridades del Brasil podrían dar curso a un traslado en la medida que la pena a cumplir en nuestro país fuera menor.

Para la familia de Jaime Guzmán y para los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente es importante que se resuelva el caso y han insistido en la persecución de las personas consideradas responsables del hecho.

Laura Hernández señala que la familia se ha reunido con dirigentes de la colectividad, quienes le habían expresado su voluntad de facilitar la llegada a Chile de Mauricio Hernández Norambuena, pero esto no se ha concretado en hechos.

Mauricio Hernández Norambuena debe responder ante la justicia chilena por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards, penas que consisten en presidio perpetuo. Carroza había establecido una pena de 15 años por cada caso, pero el tribunal de alzada metropolitano rechazó la medida del juez.

El "Comandante Ramiro" cumple en Brasil una pena de cárcel por el secuestro del empresario publicista Washington Olivetto, por lo que actualmente se encuentra en una cárcel en Mossoró, al noreste del Brasil. Hernández Norambuena ha tenido cinco traslados y siempre se ha encontrado en condiciones de aislamiento extremo.

Su familia ha buscado que el rodriguista vuelva a Chile. El reciente fallo de la justicia hace inviable dicha opción, dado que los convenios entre ambos estados establecen que, si la pena que debe cumplir en Chile supera los 30 años de cárcel, no puede ser enviado a nuestro país, por lo que han insistido en la opción de realizar las gestiones ante el poder judicial.