Ya han pasado más de cuatro décadas desde que Isla de Pascua pasó a formar parte de la jurisdicción chilena, en 1966. Sin embargo, la intención de independizarse del Estado de Chile sigue siendo una de las principales metas para representantes del pueblo rapanui cada vez que surge un conflicto con el gobierno de turno por temas relacionados con la administración de sus tierras ancestrales.
Tras la última consulta indígena que realizó Conaf por la administración del Parque Nacional Rapa Nui, en la que el 86% de los 333 votantes aprobó una coadministración con la isla, las relaciones con autoridades de gobierno se agudizaron: representantes de la etnia le restaron legitimidad al proceso, señalando que solo el 15% del universo electoral había participado.
Rafael Tuki, consejero nacional de Rapa Nui ante la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), criticó la posición del Estado de Chile, manifestando que junto con el Parlamento Rapa Nui esperan el arribo de una comitiva de la ONG Indian Law, que se dedica a asesorar a comunidades indígenas en todo el mundo, para que analice el conflicto, y también se estudie una posibilidad de “descolonizar” la isla.
Agregó que ya están en conversaciones con países como Bolivia, para recurrir ante la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, y poder iniciar un futuro proceso independentista.
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Al respecto, el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, explica que la emancipación no es el sentir de toda la isla, aclarando que entiende la idea independentista, pero no la apoya como alcalde.
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Mientras que el intendente (s) regional de Valparaíso, Omar Jara, indicó que como gobierno van a defender la integridad territorial de Chile, y criticó la actitud radical de algunos representantes de la isla.
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El abogado de la Universidad de Valparaíso Juan Carlos Ferrada, quien fue miembro de la Comisión Presidencial para la Descentralización, piensa que es difícil que un proceso de este tipo tenga éxito, porque el Estado no estará dispuesto a negociar, ya que es el territorio de ultramar más relevante del Pacífico que posee Chile.
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En esta línea, indicó que la isla va a tener un estatuto jurídico que generará un nivel de autonomía básico, reconociendo una singularidad cultural que permitirá tener un sistema de gobierno propio.