Funcionarios públicos realizaron este jueves una masiva marcha por las calles del plan de Valparaíso en rechazo al proyecto de reajuste a los trabajadores del Estado.

 "Todos los partidos están con la mejor disposición para hacer todos los esfuerzos posibles para que los trabajadores del sector público tengan un reajuste", señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien defendió el guarismo de 3,2 de reajuste apoyándose en la cifra de IPC acumulado de 2,9 por ciento en los últimos doce meses.

Los funcionarios criticaron que existan amenazas a los trabajadores al momento que ellos realizaran sus movilizaciones. Habla Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.

Algunos servicios han funcionado normalmente, como Fonasa, la Tesorería general de la República o el Registro Civil. Habla el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

En algunos consultorios, como Plaza Justicia, ha habido entrega de medicamentos y leche. En el Servicio de Impuestos Internos se han realizado algunas funciones, como son timbrajes. Habla Esteban Maturana, presidente de la Confusam.

El veto establece la entrega de un bono especial, no imponible, que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del reajuste, de 104 mil pesos para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a 550 mil pesos; de 75 mil pesos, para los que perciban entre 550 mil y 770 mil pesos; y 38 mil pesos para los que tengan remuneraciones sobre los 770 mil pesos y hasta los 920 mil pesos.

El veto también determina que las remuneraciones iguales o superiores a los cuatro millones cuatrocientos mil pesos no tendrán derecho al reajuste. La norma definía previamente un corte en las remuneraciones iguales o superiores a los cuatro millones ochocientos mil pesos.