El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del Servicio Electoral, Servel, y Gendarmería de Chile para hacer efectivo el derecho a voto de las personas privadas de libertad.

La acción se presentó este viernes en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y la próxima semana se hará lo propio en Arica y Puerto Montt. 

La solicitud presentada consiste en un recurso de protección para que se reestablezca el derecho a voto en todas las personas cuyos casos no están impedidos constitucionalmente de votar, es decir todas las personas que no estén condenadas a pena aflictiva. 

El derecho a voto sólo se suspende si una persona  está acusada por un delito que merezca pena aflictiva, delito terrorista o de tráfico de estupefacientes que merezca la pena aflictiva. Estas condiciones determinarían la posibilidad de perder la ciudadanía y, en consecuencia, el derecho a sufragio. 

Así lo afirmó el abogado querellante Fernando Martínez, jefe de la sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien señaló que esto está garantizado constitucionalmente y ratificado a nivel internacional.

 

Martínez señaló que este es un tema que se viene discutiendo hace varios años y que ha sido analizado y presentado por el Instituto Nacional de Derecho Humanos  en sus informes desde el año 2011, con especial énfasis en el de 2012, donde menciona que: “Las políticas penitenciarias deben estar orientadas hacia la rehabilitación e integración en la sociedad de quienes están privados de libertad. Sin embargo, la irracionalidad en el uso de la pena privativa de libertad, el hacinamiento, las malas condiciones carcelarias y la privación generalizada de derechos para internos e internas hacen difícil alcanzar dicho objetivo, el cual además constituye una obligación legal para el Estado”.

En la presentación de la querella el abogado dio a conocer que el INDH ofició previamente al SERVEL y Gendarmería, advirtiendo del derecho a sufragio que tienen las personas privadas de libertad y presentó mociones para ser acogidas por estas instituciones.

 

El abogado señaló que durante este tiempo ha habido un conflicto con Gendarmería y Servel, ya que “no ha habido la misma interpretación de la ley”, razón por la cual esta materia está ahora en tribunales.

Valparaíso tiene la segunda población penal más grande del país, con 138 mil reos, por lo que, de ser acogida el recurso, el número de votantes aumentaría notoriamente.