Se reabre el debate sobre la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Esto a partir de la reciente detención del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación como cómplice del homicidio y secuestro de quince personas detenidas en el regimiento “Arica” de La Serena el año 1973, episodio que es parte de la llamada “Caravana de la Muerte” y que lo mantiene actualmente detenido en el regimiento de Telecomunicaciones, en la comuna de Peñalolén (en Santiago), por orden del ministro Mario Carroza.

Al respecto se manifestó la presidenta del a Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien criticó al ex comandante en jefe por haber declarado, en 2003, que “nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo”, siendo que se le acusa como partícipe de estos crímenes.

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La justicia también detuvo el ex cabo Luis Alberto Oyarzo y al coronel en retiro del Ejército Reinel Bocaz Rocha, ambos acusados de asesinar a Oscar Delgado Marín, ex militante del MIR y miembro del GAP, en octubre de 1973, luego de que se conociera públicamente el caso por un reportaje publicado en The Clinic.

Reinel Bocaz se desempeñó durante doce años como edecán de la Cámara de Diputados, con un ingreso mensual por sobre los 6 millones de pesos, y renunció a su cargo el día miércoles luego de que programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitara al ministro Carroza  su procesamiento  por el crimen de Delgado.

Nelson Cabrera, militante del MIR y víctima de detención y tortura durante la dictadura, contó parte de la historia de Oscar.

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A partir de estos casos y de la condena por parte de un tribunal civil en Estados Unidos de Pedro Barrientos, sindicado como autor del crimen de Víctor Jara, es que surge nuevamente el debate sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

RVL Noticias conversó con Boris Paredes, abogado de derechos humanos, quien criticó que se sigan contratando a criminales dentro de las Fuerzas Armadas y señaló que “es obvio que existe responsabilidad institucional” de estas en los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

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