Rafael Corvalán es objeto de cuatro sumarios por diversos hechos, dos de los cuales se dan a conocer por primera vez en esta nota, los cuales buscan determinar su presunta responsabilidad por maltrato laboral y obstrucción a un procedimiento
Dos nuevos procesos disciplinarios inició la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del expresidente de ese tribunal, Rafael Corvalán Pazols, esta vez por maltrato laboral y acoso en contra de profesionales que se desempeñan en el área de comunicaciones del organismo, hechos ocurridos durante su presidencia en 2024, por lo cual el pleno -con un solo voto en contra- decidió encargar al actual presidente de esa institución la investigación de esos hechos, junto a otro sumario iniciado por su presunta obstaculización, negligencia así como eventual retardo en la activación de medidas instruidas por una mutual para atender el caso de una de las funcionarias afectadas por el caso de maltrato.
Esta información y los detalles documentales respecto de ella, a los cuales tuvo acceso Radio Valentín Letelier, fue confirmada por el actual presidente del tribunal de alzada porteño, Vicente Hormazábal, quien en conversación con esta emisora la semana pasada sostuvo que uno de estos casos, asignado originalmente a él, fue derivado a la corte de apelaciones de La Serena.
De este modo, Corvalán suma cuatro investigaciones disciplinarias, una de las cuales se conoció hace unas semanas a través del medio electrónico Ciper, que dio cuenta de una investigación derivada del hecho de no transparentar una relación comercial con una jueza, la que también fue catalogada como una infracción grave y traslados de magistrados que hizo sin considerar aquella situación, proceso disciplinario por el cual ya se le formularon cargos.
A lo anterior se suma la denuncia pública efectuada a fines de diciembre por parte de un grupo de jueces del tribunal oral en lo penal de Quillota, que derivó en una investigación sumaria también por maltrato, la cual además involucra a la próxima presidenta de la corte porteña, la ministra Silvana Donoso, conocida públicamente por haber sido acusada constitucionalmente tras dar su voto a favor para otorgar la libertad al múltiple asesino Hugo Bustamante Pérez.
Estas investigaciones internas al ministro Corvalán lo ponen nuevamente en la palestra, luego que su nombre apareciera en los chats del abogado Luis Hermosilla, en una comunicación entre éste y el suspendido fiscal de Aysén, Carlos Palma, quien solicitaba apoyo para que Corvalán fuera trasladado desde Iquique a la corte de la región de O´Higgins, contacto en el cual el cuestionado fiscal usaba la llamativa expresión “es de los nuestros” para justificar la petición de apoyo.
Esa comunicación fue revelada en un medio nacional, luego de lo cual esta emisora, junto con dar cuenta de ello conoció diversos antecedentes documentales del entonces presidente del tribunal porteño, detectando en medios de comunicación que en su paso por Iquique fue objeto de una investigación por acoso sexual, la cual fue zanjada por la Corte Suprema, en una sesión en la que se utilizaron peculiares expresiones (“bagatela funcionaria”, dijo un ministro) y en la cual participó la actual presidenta del máximo tribunal, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien estuvo por continuar la investigación en su contra. (Ver nota publicada en la web de esta radio).
En esa época en varias ocasiones esta radio requirió un pronunciamiento del ministro Corvalán, sin que obtuviera respuesta. Del mismo modo, en medio de la maraña de casos que afectan especialmente a la Corte Suprema, la situación de este ministro ha sido poco abordada, así como otras aristas que a partir del caso Hermosilla tenían relación con la corte porteña, como determinadas designaciones de notarios y conservadores, que en su minuto fueron mencionadas en medios nacionales, respecto de las cuales ninguna instancia, ni nacional ni local, ha dado respuesta. Se conoce que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, indaga la situación de las designaciones de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, aunque sin mayores antecedentes de otras aristas o hechos bajo indagatorias.
TESTIGOS
Esta emisora tuvo acceso a documentación que da cuenta de los hechos investigados y de la decisión de las autoridades de la corte respecto de Corvalán por maltrato y acoso, que tiene como uno de sus antecedentes iniciales la declaratoria de enfermedad profesional derivada de su proceder, determinada por un organismo competente y que obligó a la corte a disponer medidas para hacer frente a este hecho, abriendo además otra investigación por obstrucción o retardo en las medidas que debía implementar la corte para protección de la persona afectada.
A continuación reproducimos parte de lo dicho por distintos testigos, cuyos nombres no daremos a conocer, que se refieren al actuar del magistrado Corvalán. Por ejemplo, uno de ellos dijo que Corvalán se refirió al gremio de periodistas como falto de objetividad, debido a “que eran unas publicaciones que habían salido en la prensa en medios locales; el presidente entonces hacía ver que tenía que haber un filtro previo de los periodistas de la Corte y de que esas noticias se podían manejar de mejor forma. Esas noticias eran sobre la figura del presidente, que estaba en ese entonces y que le afectaban a él en su carácter de presidente de la Corte, a título personal. Versaba sobre unas investigaciones que él había tenido antes como ministro de la Corte en Iquique. Entonces, entiende que en esa consideración, se expone casi toda su vida pública, profesional, en la ostentación del cargo presidente. En esa reunión lo que reclama el presidente es el filtro, una suerte de filtro de lo que la prensa comunica, pero entiende que son comunicaciones que no surgen derechamente desde la propia Corte. En la forma, se nota la molestia del presidente en ese entonces, con respecto a la publicación, a su tema personal. Por el tono más elevado, se nota la molestia del presidente hacia la situación, lo habló de forma general”.
El testigo relata que una de las personas afectadas le dijo que Corvalán había expresado “que los periodistas son todos unos maricones y todo el rato fue todo en este calibre con un tono bastante alto”.
Otro testigo, se quejó de que el ministro le llamó durante sus vacaciones, a las 4 de la madrugada del país en que se encontraba para hacerle unas consultas, sin que se disculpara ni dijera que no iba a llamar de nuevo, siendo el tema relativo a estacionamientos de vehículos. La misma testigo refiere un trato poco adecuado hacia ella por no apagar la luz de una oficina y que le dijo airadamente “que el teletrabajo era para los flojos”. También da cuenta de maltratos a dos funcionarios, que presenció, sin que hubiera causa para ello. Adicionalmente, esta persona sostiene que el ambiente de la corte se vio deteriorado y que la única reunión ampliada convocada por el entonces presidente “fue porque tenía la idea de organizar un amigo secreto”.
SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
En este proceso interno, un testigo dijo que el ministro Corvalán habría manifestado que se enteró de esta acusación a través de una ministra de la Corte Suprema. Agrega que esta situación llegó a oídos de las ministras del máximo tribunal María Soledad Melo y María Angélica Repetto y que Corvalán consultó a la testigo si lo iban a denunciar.
Sin embargo, no consta que haya existido una denuncia formal al interior de la corte, sino que la persona afectada buscó apoyo profesional al verse seriamente conmovida por el trato y las palabras proferidas por el ministro Corvalán respecto de la labor de los medios y su relación con la corte, dichos que dejaban entrever un cuestionamiento a su labor profesional.
En ese contexto, se le brindó apoyo psicológico y la mutual con la que trabaja la corte sugirió la realización de un taller sobre protección de los equipos de trabajo y se solicitó la separación de trabajo entre la persona afectada y el ministro cuestionado.
Sin embargo, el retraso en la implementación de estas medidas dio pie a uno de los dos nuevos procesos sumariales en contra de Rafael Corvalán -que también involucra al administrador de la corte-, por una presunta obstrucción o negligencia en el cumplimiento de lo definido por el organismo externo, lo cual está debidamente normado y exponía a la corte a sanciones, razón por la que se investiga una eventual obstrucción, negligencia o retardo en este proceso.
La entidad externa envió una carta dando cuenta de las trabas para activar el protocolo, la cual expresa: “Calificación realizada con antecedentes parciales por obstaculización de la entidad en la que se desempeña el trabajador independiente a la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo.”
El taller, finalmente se llevó a cabo y fueron convocadas todas las jefaturas y todos los ministros y ministras de la corte, todos los cuales se excusaron, salvo el propio Corvalán y el actual presidente del tribunal.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Con los antecedentes recabados, el fiscal de la tercera fiscalía judicial envió el oficio 61-2025, dando cuenta de los hechos que derivaron en enfermedad profesional por hostigamiento de la jefatura hacia una profesional del equipo de comunicaciones de la corte por parte de Rafael Corvalán.
El pleno, al tomar conocimiento de estos antecedentes, resolvió según el acta respectiva lo siguiente: “Atendido que los hechos expuestos por el Fiscal Judicial podrían ser constitutivos de acoso o maltrato laboral, y de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 90 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales y lo dispuesto en el artículo 10 inciso primero del Acta 103-2018 de la Excma. Corte Suprema, el Presidente Titular señor Hormazábal, convoca esta sesión de Pleno Extraordinario a los Ministros Titulares presentes el día de hoy, con la sola exclusión del denunciado, para conocer estos antecedentes”.
El texto hace presente que, “habiéndose discutido la competencia para conocer de este asunto, y según lo resuelto por el Tribunal Pleno el 20 de octubre de 2025… se acuerda que respecto de procesos disciplinarios por acoso o maltrato laboral seguidos en contra de un ministro de esta Corte de Apelaciones, según lo dispuesto en el artículo 12 del Acta N 103-2018, deberá ser sustanciada la investigación por el Presidente de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso”.
Agrega además que, “tratándose de otros aspectos disciplinarios que se rijan exclusivamente por el Acta N° 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 letra a) de la mencionada Acta, corresponderá al Tribunal Pleno de la Corte en su conjunto conocer en calidad de órgano resolutor, debiendo seguirse la instrucción por el Fiscal Judicial que corresponda.
En consecuencia, se deja constancia que el ministro señor Hormazábal no entra al conocimiento del siguiente punto numeral II por tratarse de un asunto de acoso o maltrato laboral en contra de un ministro de esta Corte, que podría dar lugar a su designación como instructor”.
Más adelante, en el acta se da cuenta del referido oficio, remitido por el fiscal Judicial, Mario Fuentes Melo, quien da cuenta de los antecedentes recabados en el marco de la investigación, que consideraron la declaración de diversos testigos, entre los que se cuentan funcionarios y jefaturas, junto con la resolución de calificación de enfermedad profesional de la funcionaria afectada, ante lo cual el pleno acordó que “teniendo en consideración que la gravedad de los hechos expuestos, podrían ser constitutivos de presunto maltrato y acoso laboral, amerita que estos sean investigados, y visto lo dispuesto en el artículo 1 del Acta N 160-2024, artículos 7, 10 y 13 del Acta N 103-2018 de la Excma. Corte Suprema, se acuerda instruir una investigación disciplinaria conforme al procedimiento establecido en el Acta N 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, que debe ser sustanciada por el Presidente de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Acta N 103-2018, por tratarse de un proceso seguido en contra de un ministro de esta Corte, y que tendrá por objeto investigar la responsabilidad disciplinaria de don Rafael Francisco Corvalán Pazols, Ministro Titular de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, por conductas presuntivamente constitutivas de maltrato y/o acoso laboral”. Esta son: “a) trato hostil y/o ofensivo en contra de los periodistas de esta Corte, exclusión arbitraria del equipo de comunicaciones de tareas propias de su cargo, así como actos de descalificación pública y/o privada del trabajo realizado por ellos. b) Cualesquiera otras conductas constitutivas de maltrato verbal y menoscabo en contra de los periodistas de esta Corte, en particular, en la reunión sostenida el 3 de octubre de 2024 en las dependencias de la Presidencia”
Estuvo en contra de esta decisión el ministro Pedro García, quien estuvo por no iniciar la investigación disciplinaria y decretar el archivo de los antecedentes.
Asimismo, en la ocasión se dispuso la medida cautelar consistente en que el ministro investigado se abstenga de participar y/o requerir labores propias de la prensa con los periodistas de la Corte, debiendo canalizar cualquier requerimiento a través del presidente del tribunal, mientras dure la investigación.
INFORME EXTERNO
Como se dijo, la mutual respectiva, definió el caso de la persona afectada como enfermedad profesional, lo cual, deriva en la segunda investigación, respecto de los tiempos puesto en que se habrían implementado las medidas sugeridas por la entidad. De ello da cuenta una carta de la misma, del 24 de octubre de 2025 -que alude a la calificación de enfermedad profesional del caso con fecha 7 de noviembre de 2024-, la cual se realizó con antecedentes parciales debido a la obstaculización del “empleador”, lo que se tradujo en la falta de respuesta a los requerimientos del ente fiscalizador, antecedentes que sugieren un presunto retardo o incumplimiento en la implementación de las medidas prescritas para el control del riesgo psicosocial, lo cual fue calificado como grave por la corte, definiendo “instruir una investigación disciplinaria conforme al procedimiento establecido en el Acta N 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, la que debe ser sustanciada por el o la Fiscal Judicial que corresponda conforme al sistema informático de distribución tendrá por objeto investigar la eventual responsabilidad disciplinaria de don Rafael Francisco Corvalán Pazols, Ministro Titular de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, y de don Jorge Alejandro Rojo Fritis, Administrador de la misma Corte, en los siguientes hechos:
a) Haber incurrido en conductas de obstaculización y/o negligencia en la tramitación del procedimiento de calificación de enfermedad profesional de la funcionaria…, impidiendo la realización de la evaluación de puesto de trabajo (EPT) y la entrevista de testigos por parte del organismo administrador.
b) Presunto incumplimiento, retardo o ejecución deficiente de las medidas prescritas en la Resolución de Calificación y en el Informe de Prescripción de Medidas, relativas a la modificación de las condiciones de riesgo, factibilidad de traslado o teletrabajo, y la realización oportuna de talleres de liderazgo o coaching para la jefatura y funcionarios.
c) Determinar si, atendida la naturaleza y contenido de la Resolución de Calificación de Enfermedad Profesional de 7 de noviembre de 2024, tenían los investigados el deber de poner dichos antecedentes en conocimiento del Tribunal Pleno; y, en caso afirmativo, efectividad, forma y oportunidad en que se habría materializado dicha comunicación. (Nota de la redacción: en estas citas de documentos se omiten nombres y números de documentos)
RESPUESTA DE LA CORTE
Hace unos días, Radio Valentín Letelier consultó al actual presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Vicente Hormazábal, sobre la situación del ministro Corvalán, respondiendo que a “él tocó presidir la corte el año 2024 y a raíz de esa presidencia, generalmente, se producen algunos tipos de algunas situaciones en que pueden ser cuestionadas y de hecho eso ha motivado algunas denuncias y esas denuncias es obligación del pleno hacerlas investigar. En el caso del señor Corvalán, el pleno me ha asignado a mí alguna una de las investigaciones a otras la Fiscalía… las denuncias, cualquiera que sea, tenemos la obligación y la misión de investigarla y en eso estamos”.