Amnistía internacional Chile y el Instituto nacional de Derechos Humanos se pronunciaron acerca de la absolución del ex funcionario de Carabineros Claudio Crespo.
Amnistía reaccionó por medio de la declaración pública acerca del pronunciamiento del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que en su veredicto, absolvió al excomandante de Carabineros, "acusado por las graves heridas causadas a Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos, por el impacto de perdigones percutados mientras participaba de una manifestación durante el estallido social en octubre de 2019", dijeron.
"El Tribunal estimó que, en base a la pruebas presentadas, se acredita que el autor de cegar a Gustavo Gatica fue el exfuncionario acusado. Sin embargo, se absolvió al acusado por la aplicación de la Ley Nain Retamal, tanto en lo referente a la exigencia de "incumplimiento de reglamentos internos" para que se dé el delito de apremio ilegítimos, como a la aplicación de “legítima defensa privilegiada” en favor del acusado", señalaron.
“Existen evidencias claras y contundentes de que el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica fue el excomandante de Carabineros sentado en el banquillo en este juicio. Esto está comprobado y es inequívoco por los videos presentados, una prueba irrefutable de los hechos que ha sido confirmada por los jueces del Tribunal”, explica y reafirma Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
"Desde Amnistía Internacional nos preocupa la impunidad que existe con respecto a las miles de víctimas del estallido social. En Chile, de las 11.506 denuncias realizadas ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos durante el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, apenas el 1,9% han resultado en condena, configurando un escenario de impunidad estructural", agregaron.
“La impunidad es siempre una mala señal. Abrazamos a Gustavo y su familia en este día y lamentamos observar nuevamente una justicia incompleta en relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social a manos de agentes del Estado. No es posible que las personas pierdan los ojos por manifestarse en contra de las injusticias. Han sido muchos años de lucha y de espera, con una investigación ardua: a 6 años de los hechos, el Estado de Chile sigue en deuda respecto a su deber de hacer justicia así como en relación a la reparación integral de las víctimas”, expresa Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
Señalaron que en esta ocasión, la Ley Naín Retamal, aprobada en abril de 2023, fue usada por la defensa del acusado. Esta Ley, en su forma actual, valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad generando abusos e impunidad. “Como mencionamos en 2023, la causal de legítima defensa que implica esta ley puede limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Gustavo, debido a que la redacción de la normativa es muy ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos. En resumen, la ley Naín-Retamal no solo no protege a quienes se manifiestan sino que criminaliza el ejercicio a la protesta presuponiendo un actuar correcto por parte de las policías y uno incorrecto por parte de quienes se manifiestan. Lo advertimos hace meses: esta ley puede implicar impunidad para violaciones a los derechos humanos y lamentablemente así ha sido”, explica Rodrigo Bustos.
“El Estado de Chile demuestra con esto una vez más la gran impunidad que ha generado con leyes abusivas que no hacen más que aumentar la desigualdad en el país. Lamentamos profundamente ver los graves retrocesos que esto puede suponer para las personas que quieran ejercer su derecho a salir a las calles a manifestarse y protestar pacíficamente. Lo dijimos en nuestro informe ‘Ojos sobre Chile’ y lo volveremos a repetir: para hacer frente a la actual situación de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado: es urgente una reforma estructural a Carabineros que ponga como prioridad la formación de sus funcionarios así como la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin esto, sólo estaremos poniendo parches a una herida que lleva décadas abierta a la espera de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para miles de víctimas de ayer y de hoy”. Amnistía Internacional espera que la Fiscalía continúe con la investigación.
Dijeron que buscan permitir determinar responsabilidades en quienes por omisión y/o falta de control de las fuerzas policiales que estaban bajo su dirección, propiciaron que se produjera el ataque a Gustavo Gatica y otras miles de víctimas durante ese periodo. “La formalización de altos mandos (octubre 2024) fue un antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, demostrando que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La investigación penal que está en curso podría ser un precedente histórico para Chile, la región y el mundo, seguiremos atentos a la finalización de la investigación que la Fiscalía está llevando a cabo”, menciona Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
“Es imperante regular el uso de la fuerza en Chile a través de una ley que cumpla los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, debe garantizar proporcionalidad, gradualidad y restricción estricta al uso de fuerza letal, además de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y supervisión independiente; la ausencia de estos elementos pone en riesgo derechos básicos”, continúa Rodrigo Bustos Bottai.
La organización estará atenta a los fundamentos de la sentencia y a las penas que se establezcan, esperando que ellas sean proporcionales a la gravedad del daño causado.
Más de 2 mil 200 días después de ocurrido el hecho, los tribunales dieron por acreditado que el 8 de noviembre de 2019 el entonces estudiante universitario Gustavo Gatica, perdió por completo la visión debido al impacto de perdigones provenientes de una escopeta de Carabineros, verificando así su condición de víctima de violaciones a los derechos humanos. A pesar de que se acreditó que el arma pertenecía a la institución y que fue disparada por el acusado, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió invocando la Ley Nain Retamal.
Por su parte el El INDH actuó como querellante en la causa, conforme a su mandato legal. Ante el fallo, Beatriz Contreras, jefa regional del INDH detalló que “lo más relevante del veredicto es que el tribunal tuvo por acreditado, más allá de toda duda razonable, que quien ejecutó el disparo que hirió y dejó ciego total e irreversiblemente a Gustavo Gatica Villarroel, fue efectivamente el acusado. De manera tal que en este juicio se evidenció la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y el impacto que en él tuvo este accionar del funcionario policial”.
En esta línea, el director del INDH, Yerko Ljubetic, expresó que “este hecho de alta gravedad y acreditado por el tribunal queda sin sanción en virtud de la aplicación de la Ley Nain Retamal, lo que nos hace pensar con mucha preocupación en el futuro de muchos otros casos de cientos personas que fueron gravemente afectadas en sus derechos por actuaciones de carabineros que no cumplieron con protocolos y reglamentos”, dijo.
"Cabe recordar que la actuación de agentes del Estado durante la crisis social condujo a que 464 personas resultaran con traumas oculares de diversa gravedad, lo que vulnera de manera grave e indesmentible los derechos a la vida, y la integridad física y psíquica de estas víctimas. De igual modo, el INDH en su Informe Anual de 2019 documentó que Chile vivió la más grave crisis de derechos humanos desde el retorno de la democracia durante este periodo", dijeron.
Por otra parte, en octubre de 2025, el Ministerio Público informó que a propósito de la crisis social recibió más de 12 mil denuncias por hechos cometidos por agentes del Estado, y que en más del 90% no fue posible identificar al agresor. A su vez, el INDH presentó 3 mil 247 querellas por delitos de violencia institucional, las que hasta julio de 2025 habían obtenido sólo 68 sentencias condenatorias, que se encuentran firmes y ejecutoriadas, señalaron.
"En este sentido, el INDH ha indicado que es imprescindible fortalecer los mecanismos para obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De hecho, en 2019 y en 2022 la institución elaboró una serie de recomendaciones al Estado de Chile respecto al debido uso de la fuerza, al derecho a la reunión pacífica y al acceso a la justicia de las víctimas. Estas recomendaciones han acrecentado su relevancia con el paso del tiempo", apuntaron.
Para finalizar, la abogada del INDH, Beatriz Contreras enfatizó que el INDH “seguirá ejerciendo su mandato legal acompañando a las víctimas, velando por el actuar del Estado y fiscalizando que las instituciones ejerzan su mandato en el marco de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas y todos”.