Karinna Fernández, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y abogada defensora de Derechos Humanos, encabezó como litigante una causa en la materia que obtuvo recientemente un fallo histórico, ocasión en que la Corte Suprema eliminó las rebajas de penas a violadores de Derechos Humanos y ordenó los reingresos a prisión.

La Corte Suprema dictó sentencia en el cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado de Chile en el “Caso Vega González y otros Vs Chile” por la aplicación de la figura de la media prescripción en crímenes en casos de secuestros y homicidios calificados como de lesa humanidad.

En la sentencia (Rol 24.317-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama; Leopoldo Llanos y las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo- se pronunció sobre la decisión del tribunal internacional que ordenó revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en 14 casos planteados ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Sala Penal tras una audiencia especialmente agendada para escuchar los alegatos de las partes, desestimó que se encuentre vulnerada la soberanía nacional al dar cumplimiento a la sentencia del tribunal internacional y aumentó penas aplicadas. En algunos casos se  disminuyó las sanciones corporales por tratarse de sentenciados adultos mayores.

“Que, de esta misma manera, bajo los razonamientos expuestos, es posible afirmar que el cumplimiento que nos convoca no se trata de un asunto que entre en conflicto con la soberanía nacional, ni tampoco corresponde a una situación que conlleve una disputa con la facultad punitiva del Estado de Chile o, se trate de un desconocimiento de los fallos nacionales.

Nada de eso. El presente asunto, lisa y llanamente, se vincula con el respeto a las decisiones adoptadas por órganos internacionales a los que nuestro país le ha entregado precisamente esa facultad y que no debe ser mirado o interpretado como una contracción o disminución de las facultades de los tribunales nacionales, sino que ello debe ser visto como un incremento de la protección de los derechos humanos, entendidos éstos como una categoría especial de derechos subjetivos que cuentan con una protección tanto nacional como internacional, siendo justamente éste el prisma bajo el cual debe analizarse el presente asunto”, dice la Corte Suprema.

En este sentido, se detalló que la resolución fija un precedente clave: en crímenes de lesa humanidad no procede la media prescripción ni otros mecanismos que reduzcan las penas. Junto con ello, se detalla que el tribunal actuó en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Vega González y otros vs. Chile”, que condenó al estado chileno por aplicar de manera “inconvencional” la figura de la media prescripción, un mecanismo que permitió reducir sustancialmente las penas impuestas a responsables de violaciones graves a los Derechos Humanos.

Según el fallo internacional, esa práctica vulneró los derechos de las víctimas y sus familias, debilitó el deber del Estado de investigar y sancionar estos crímenes y generó escenarios de impunidad.

En la oportunidad, la abogada Karinna Fernández valoró la sentencia, indicando que “es un paso histórico hacia la justicia real tras casi veinte años de persistencia. La Suprema ha dictado un fallo contundente que pone fin a penas ilusorias. (…) El mensaje es claro: las obligaciones internacionales de Chile no tienen límites de tiempo ni lugar y ninguna institución puede excusarse de no sancionar con firmeza los crímenes constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Karinna Fernández es abogada, egresada de la Universidad de Valparaíso. Es magíster en Derecho Público por la Universidad de Chile y LLM en Derecho Internacional por la Universidad de Essex (Reino Unido).

Ha trabajado en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile y en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Se desempeñó hasta el 2019 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el 2022 como asesora de Forest Peoples Programme.

Es litigante de numerosos casos de graves violaciones contra Derechos Humanos en sede interna e internacional, y es autora y coordinadora de diversas publicaciones académicas, entre ellas “Corte Penal Internacional, primeros diez años” y “Complicidad económica con la dictadura chilena”.