El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio condenó este jueves 8 de enero a exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez Maldonado y la funcionaria municipal y pareja del edil Belén Constanza Carrasco Serrano a sendas penas de 10 años de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa de $2.309.545.164, en calidad de autores del delito consumado de malversación de caudales públicos. Ilícito perpetrado entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, en perjuicio de la casa edilicia.
En fallo unánime (causa rol 175-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Sergio Ortiz (presidente), Andrea Santander y Rosa Caballero (redactora)– condenó, además, a Yáñez Maldonado y Carrasco Serrano a cumplir cada uno 4 años de reclusión efectiva, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago de una multa de 200 UTM, como autores del delito consumado de lavado de activos.
En la causa, el tribunal condenó a Sixto Alexander Carrasco Serrano a dos penas de 3 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales y el pago de multas por $1.516.966.392, y 200 UTM, en calidad de cómplice del delito de malversación de caudales públicos y como autor de lavado de activos, respectivamente.
En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los sentenciados al pago solidario de $1.154.772.584, por concepto de daño emergente.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre marzo de 2022 y noviembre de 2023: “(…) José Luis Yáñez Maldonado, quien detentaba el cargo de alcalde de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, junto a su pareja, la acusada Belén Constanza Carrasco Serrano, quien durante el mismo periodo ejerció funciones a contrata en el Departamento de Tesorería de la misma municipalidad, junto con Sixto Carrasco Serrano, hermano de la acusada Belén Carrasco, sustrajeron fondos de la Municipalidad de Algarrobo, mediante la adulteración de nóminas de pago y reclutamiento de terceros que facilitaron cuentas bancarias para recibir en ellas los fondos sustraídos, dineros que esos terceros retiraron y entregaron, la mayoría de las veces, en efectivo tanto a Yáñez como a los hermanos Carrasco, a cambio de una comisión”.
Asimismo, la condenada Belén Carrasco, aprovechando su labor de funcionaria de tesorería del municipio, por lo que tenía poder bancario para autorizar y proveer fondos, “(…) adulteró nóminas de pago que debía la municipalidad a terceros, incluyendo en esas nóminas como supuestos destinatarios de pagos municipales a personas sin vínculo comercial ni laboral. Tras este ejercicio, la acusada solicitaba la autorización de un segundo apoderado bancario, quien realizaba la operación desde el portal de BancoEstado, confiando en los antecedentes aportados por ella”.
Los datos ingresados por Belén Carrasco en las nóminas correspondían a personas que, previamente, “(…) habían sido contactadas por José Luis Yáñez Maldonado y por Sixto Carrasco Serrano para facilitar sus cuentas bancarias para la recepción de los fondos municipales, los que luego debían retirar y entregarles a ellos, la mayoría de las veces en efectivo, a cambio de una comisión por cada una de las operaciones”, las que en total, le permitieron a los condenados sustraer la suma de $1.154.772.584.
Con los fondos municipales apropiados, Yáñez Maldonado y los hermanos Carrasco Serrano realizaron diversas operaciones tendientes a ocultar el origen ilícito del dinero y, luego utilizaron parte de dicho caudal para adquirir diversos bienes inmuebles y muebles tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, los condenados pagaron créditos y obligaciones bancarias y usaron el dinero para realizar inversiones, adquirieron artículos de lujo, viajar y pagar construcciones o mejoras en bienes raíces de su propiedad o familiares, entre otros gastos que no podían solventar con sus ingresos legales.